La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha reclamado al Ministerio de Trabajo que informe sobre "cualquier cantidad" que, como consecuencia de la negociación y formalización de las pólizas a las que se refieren las resoluciones relativas a la Faja Pirítica de Huelva, "haya abonado a mediadores o agentes de seguros, en su caso, por cualquier concepto". Dentro de la nueva línea de investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y malversación en las ayudas del Estado a la Faja Pirítica, la instructora ha dictado una providencia, fechada el día 7 de septiembre en la que atiende la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción y solicita distinta documentación al Gobierno.

En un escrito presentado el 13 de julio, el Ministerio Público hace referencia a una serie de certificados emitidos en 2003 por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativos a las empresas de la Faja Pirítica, empresas relacionas en unas diligencias policiales de fecha 19 de marzo de 2015 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. En estos certificados, según la Fiscalía, se recoge que "el importe de la ayuda correspondiente a los trabajadores de la empresa..., por el concepto de convenio especial y ayuda al plan de prejubilación, que figura en la resolución que se une al expediente y que se tramita con el número de referencia, ha sido calculado por Atlantis Asesores SA y comprobados por esta Subdirección General". La Fiscalía realiza una serie de peticiones que han sido aceptadas por la instructora, que ha pedido a la Subdirección General referida que aporte "detalle de todos los expedientes de sociedades englobadas en Faja Pirítica en los que la sociedad Atlantis ha prestado sus servicios, especificando en qué consistieron los mismos".

La juez le reclama que, conforme a lo detallado anteriormente, informe sobre "los contratos base de dichos servicios, detalle de facturación y forma de pago de los mismos si les constara a dicho centro administrativo". De igual modo, la magistrada pide que informe sobre "cualquier cantidad que como consecuencia de la negociación y formalización de las pólizas a las que se refieren las resoluciones relativas a la Faja Pirítica haya abonado a mediadores o agentes de seguros, en su caso por cualquier concepto".

En la providencia, la juez también resuelve un escrito presentado por el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y rechaza la petición para que volvieran a ser citados los peritos de la Intervención General del Estado a fin de preguntarles sobre las subvenciones acordadas por la Administración a la minería metálica de Huelva. La defensa de Rivera también solicitaba a la juez que citara a declarar como testigos a los ex delegados del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo y al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, pero Núñez Bolaños insta a esperar el resultado de las diligencias acordadas en la providencia.