Poco después de las tres de la tarde ayer, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comunicó a las comunidades autónomas que las entregas a cuenta de 2017 quedarán congeladas, iguales a las de 2016, ya que no hay Presupuestos Generales para el año próximo. Estas entregas son las que nutren la mayor parte de las cuentas autonómicas, y deberían crecer en el próximo ejercicio de acuerdo con la mejoría de la economía española. En el caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Hacienda ya tiene un borrador muy avanzado de sus cuentas para 2017 y éstas incluyen una mejoría moderada de los ingresos, en torno al 2%. Si el departamento que dirige María Jesús Montero hiciera caso ahora a las indicaciones de Madrid, tendría que elaborar otro Presupuesto, con unos ingresos congelados y con un gasto intacto también, de tal modo que sería casi imposible llevarlos al Parlamento, tal como marca la ley, en la última semana de octubre.

Las comunidades autónomas -entre ellas, Andalucía- habían solicitado desde el final del verano una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber cómo calcular sus presupuestos ante la ausencia del general de Madrid. Sin acuerdo de gobernabilidad, era más que posible que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no pudiera dar ninguna cifra de crecimiento de modo oficial, clave para calcular las entregas a cuentas, pero sí se esperaba alguna indicación oficiosa. No fue así. Ni Montoro ni el Gobierno aceptaron esto y es ahora, a tres semanas de entregar las cuentas en el Parlamento, cuando Antonio Beteta comunica que los ingresos están congelados.

La misiva explica que las entregas se actualizarán en 2017 cuando haya un Presupuesto, pero entonces las comunidades no podrían encajarlo en su ley, sino que sólo se podrían utilizar para amortizar la deuda o para destinarlo a superávit. Es decir, es el presupuesto de ingresos el que manda en la totalidad de las cuentas, y la Junta los ha calculado de acuerdo con el crecimiento del PIB previsto. La comunicación del Gobierno significa que la Junta debería calcularlos como si no existiese mejoría, y el FMI prevé la de España en un 3,1% en 2017, con lo que el aumento real se quedaría para amortizaciones financieras o para una desproporcionada liquidación que llegaría en 2018.