No se trata de una "nueva cruzada" del Gobierno central contra los ayuntamientos, como la ha etiquetado el PSOE. La advertencia que en forma de carta ha llegado a las alcaldías desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre empresas municipales deficitarias es un mero "requerimiento informativo". Esa es la definición correcta, en palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que emplazó a los ayuntamientos a "hacer los deberes y presentar alegaciones para paralizar el proceso".

Contra lo que ha difundido el PSOE andaluz a través de su secretario de Política Institucional, Francisco Conejo, que acusó al Gobierno en funciones de atentar contra los servicios que prestan los ayuntamientos, el Ejecutivo insiste en que no se trata de una suspensión. Sanz hizo hincapié en que a determinados consistorios se les estableció un plazo para que sus empresas municipales presentaran cuentas positivas, toda vez que la ley establecía unos criterios y unos plazos.

El Gobierno contempla además una solución alternativa para aquellos ayuntamientos que tengan sus cuentas con superávit, y es que hagan aportaciones municipales para corregir el déficit de sus empresas públicas en una situación especialmente gravosa. Pero, sobre todo, en lo que insiste el Ejecutivo es en el carácter "informativo" de la misiva que han recibido las alcaldías. "No es una supresión" directa de esas empresas públicas, porque además los ayuntamientos tienen la oportunidad de presentar alegaciones en defensa del mantenimiento de esas sociedades. Sanz explicó que cualquier Ayuntamiento "puede hacerlo". El delegado emplazó a los municipios a hacerlo porque "en el momento en que se presentan las alegaciones, automáticamente se paraliza el proceso y se estudia cada caso", detalló el delegado del Gobierno.

Precisamente, uno de los ayuntamientos que lo ha hecho ha sido el de Málaga, gobernado por el PP. Su alcalde, Francisco de la Torre, ya se ha manifestado en defensa del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Está en contra de su disolución, como recomienda el Ministerio de Hacienda debido a su situación deficitaria. "No hay razones", asegura el regidor malagueño, para quien los ayuntamientos deben tener "un papel más activo" en la gestión de las aportaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Su gobierno ya ha remitido al departamento de Cristóbal Montoro "documentación que demuestra que no hay razones" para disolver el IMFE porque "estamos haciendo una labor que tiene que hacer la Junta", pues las políticas activas de empleo "están transferidas a la autonomía". De la Torre recuerda que "hay talleres que han funcionado muy mal en Andalucía y últimamente están suspendidos porque la Junta ha fallado a la hora de gestionar los fondos europeos", recalcó.

Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga es lo que pide Sanz a los demás: responder a un requerimiento que "se emite conforme a la Ley de Régimen Local y la Ley de Estabilidad Presupuestaria" de manera que "se ha aplicado una orden del Ministerio de Hacienda", donde se establecen unas obligaciones de información. "Sólo se efectúa un requerimiento de información a los consistorios".

Por ello, Sanz recalcó a los ayuntamientos su recomendación de que "hagan los deberes y presenten alegaciones, pues si presentan alegaciones pueden automáticamente paralizar el proceso". El delegado gubernamental recordó que en diciembre de 2014 "se dio un primer plazo para solucionar el déficit de empresas deficitarias, y posteriormente se dio un plazo de un año más, en diciembre de 2015, para solucionar la situación económica de esas empresas públicas".

Por tanto, Sanz considera que "no se puede poner en cuestión la necesidad de gestionar los entes públicos conforme los requisitos de estabilidad presupuestaria, cumpliendo la regla de gasto y todo lo que exige la ley". A su juicio, "la aplicación de la norma no puede ser entendida como un enfrentamiento ni agravio ni va en contra de las administraciones locales, sino que va en beneficio de las propias corporaciones para acabar con el déficit y aplicar las políticas de estabilidad presupuestaria". "Los ayuntamientos no pueden mantener déficit que repercuta sobre los ciudadanos y además existe un compromiso a favor de la estabilidad presupuestaria", añadió Sanz, que recalcó que "sólo se pretende el correcto funcionamiento de las administraciones, no es un agravio ni un desafío a los ayuntamientos, sino necesidad de reordenar las empresas públicas locales".