Las más veteranas nacieron en su lengua autonómica, amparadas por unos gobiernos que iban marcando sus fronteras y sus competencias. Unos juguetes propios con fines de campaña perpetua, nacidos con apariencia de preocupación de cercanía social y cultural, pero con un acentuado interés político.

Tras las cadenas alumbradas en País Vasco (1982), Cataluña (1983) y Galicia (1985), llegaron en 1989 las primeras autonómicas en castellano: Canal Sur y Telemadrid. Todas nacieron, casi como por gemación de RTVE, con los mismos defectos de sobredimensión, sobreprecios y explotación sin márgenes del mercado publicitario.

Se englobaron bajo unas siglas un tanto presuntuosas, Forta, con el principal señuelo de los partidos ligueros (el fútbol, incluso como explotadoras de derechos audiovisuales, fue la embolia económica que llevó al colapso a varias de estas corporaciones). Había que ser más que el vecino y lo que parecía un signo de modernidad se ha convertido con los años en unos costosos cacharros con demasiados empleados y que, en el caso de las cadenas locales, han llegado a extremos de parodia. En el PP fueron expeditivos con las criaturas que ellos mismos inflaron. En el mundo de las nuevas tecnologías, la mayoría de las cadenas de televisión (públicas y privadas) buscan su sitio y su destino.

Parte del desprestigio que tienen los canales autonómicos, pese a los informes universitarios que justifiquen que son un servicio aceptablemente barato en comparación a las públicas europeas, se halla en la clara intromisión política, un par de pasos más allá de la simple tutela. Las autonómicas fueron y siempre serán una jugosa arma arrojadiza parlamentaria. Los que siempre defendieron un canon televisivo en España esgrimen que un impuesto directo convierte a las corporaciones en propiedad de los ciudadanos y no del político de turno.

Las cadenas públicas, desde Madrid a la municipal del pueblo más pequeño, han ido sufriendo el lastre de ser propiedad de quien está en el cargo. El político mejor intencionado en erradicar esta lacra fue Zapatero con la creación de la actual corporación RTVE y su fórmula de financiación, tras enjugar un vergonzoso déficit de más de 6.000 millones de euros, hinchado sobre todo en el periodo de vacas gordas del aznarismo. El gobierno popular valenciano le clavó la puñalada directa a Canal 9 tras no poder asumir los 1.200 millones de euros de la casa. Una deuda que, por cierto, se acerca a lo que llegaban a costar a principios de esta década todo el conjunto de autonómicas. Las subvenciones ahora son de 825 millones para un conjunto de canales que tienen una escueta cuota de audiencia media del 7,4% (ojo, pero sólo 5,1% entre los espectadores de 25 a 44 años).

Las cadenas autonómicas son once en la actualidad y las nacidas más recientemente como la aragonesa tienen un organigrama mucho más ligero y en el caso de la de Murcia está externalizada toda la parrilla a la productora Secuoya, incluidos los informativos. En cadenas como la de Galicia son las productoras las que pujan por los contenidos en prime time. Pero en general las autonómicas llevan mal la austeridad.

La catalana TV3, una ruidosa herramienta al servicio del independentismo (que se inició de forma subterránea desde un apoyo desaforado al Barcelona, el club de las pancartas de Catalonia is not Spain), se diluye en el desprestigio e incluso en este mes de enero se ha visto superada por las dos principales privadas, situación casi inédita en Cataluña y que calibra el estado de ánimo de la secesión.

La corporación catalana es la de presupuesto más alto, con 225 millones anuales de subvención, pero a su vez es la que tiene más canales (4), que reunieron al 15,4% de los espectadores catalanes, con más competencia regional y local que en Andalucía. La RTVA, con su 9,1%, recibe 137 millones por un canal y otro que se fundó deprisa hace un año y que hace las veces del desaparecido Canal Sur 2 en 2012, para ahorrarse los 20 millones que costaba la cadena de los programas culturales y de principal servicio público. La ETB recibe del Gobierno vasco 116 millones y sus 4 canales tienen más audiencia y presencia que la corporación andaluza, 11,1%. Telemadrid, uno de aquellos juguetes de niños caprichosos, ahora cuesta 67,9 millones para una plantilla adelgazada tras despedirse a 800 trabajadores. El desprestigio de la cadena madrileña, que lucía un autobombo sin disimulos hacia el PP, se refleja en la indiferencia general, con menos del 5% de espectadores, como sucede en la desgarrada balear IB3 y en la externalizada 7RM de Murcia.

La excepción entre costes y audiencia se encuentra en la televisión aragonesa, nacida en 2006, que cuesta 46 millones, la tercera parte de Canal Sur, y tiene un 9% de audiencia, casi la misma cuota que los dos canales andaluces. Su plantilla es de 130 trabajadores, con una parrilla externalizada.