"Una ley aprobada por el Parlamento es de obligado cumplimiento". La máxima fue pronunciada ayer por la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, para que no queden dudas acerca de las sanciones que pueden recaer sobre ocho entidades financieras a las que la Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes por no poner a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas las VPO que tenían en sus balances.

Las entidades (Banco Popular, BBVA, Building Center, Unión de Créditos Inmobiliarios, Banco Santander, Servihabitat, Banco Sabadell y Anida Operaciones Singulares) han cometido, a juicio de la Consejería de Fomento y Vivienda, una "falta muy grave". Las sanciones derivadas del expediente abierto a estas compañías podrían ascender a 11,1 millones de euros.

El procedimiento sancionador es similar al que la Administración siguió contra el llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se desentendió de la ley andaluza con 911 viviendas protagidas en la comunidad. La Ley de Función Social de la Vivienda establece la obligatoriedad de las entidades financieras de comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de sus viviendas protegidas en Andalucía. Una veintena de empresas lo han hecho así.

Sobre las que recae ahora la norma andaluza no lo han hecho. En total, no han ofrecido 185 viviendas protegidas a los registros municipales que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y fijan los requisitos socioeconómicos para el acceso de las familias a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción "muy grave". La Consejería notificó los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda. Banco Sabadell ha recurrido la sanción porque "cumplíamos debidamente" con los requerimientos solicitados por la Junta pero "no con el requerimiento de la misma norma autonómica que nos obliga a duplicar la información enviándola adicionalmente, además de a la Junta, a cada uno de los ayuntamientos donde tenemos VPO de forma individual", informaron fuentes de la entidad.

Aunque "no existe norma clara y específica sobre cómo y qué información se debe transmitir a cada ayuntamiento de forma individual", Banco Sabadell ya ha procedido a regularizar la situación informando también a los ayuntamientos.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, informó de que estas 185 VPO "no son las únicas" sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. "Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan", dejó muy claro la consejera.