La Fiscalía recurrió ayer la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que condenó a cinco años y tres meses de cárcel y multa de cerca de 112 millones de euros al empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez. El fallo consideró probado que había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, por el supuesto impago de unos 29 millones de euros, pero le obsolvió de ocho delitos contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Público critica que la sentencia no recoja estos delitos y conisdera que "hay error en la valoración de la prueba", entre otros fundamentos. Además, se opone a la absolución de los cuatro hijos y de la esposa del empresario, esta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como "partícipe a título lucrativo".

No será el único recurso, ya que se prevé que en los próximos días también apelen la Abogacía del Estado y la defensa de Rafael Gómez, según puntualizó uno de los abogados.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusaron en el juicio a Rafael Gómez y sus cuatro hijos por supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, hecho por el que pidieron 40 años de cárcel a Gómez y 19 años y tres meses de prisión a cada uno de los hijos.

Mientras, el empresario, en libertad provisional sin fianza, manifestó tras conocer la sentencia que él no ha hecho "nada", se sentía "tranquilo" y que "sabía perfectamente que los dos que me han llevado a esto tienen un poder", sin precisar a que personas se refería.

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, acordó el viernes de la semana pasada la libertad provisional sin fianza, después de que el fiscal y la Abogacía del Estado pidieran prisión preventiva eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros. De este modo, el magistrado le impuso la obligación de comunicar cuantos cambios de domicilio realice, la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y siempre que fuera llamado, al tiempo que mantuvo la medida de retirada del pasaporte hasta que se dicte sentencia firme.

En su momento se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas, la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le supusieron una multa de 20 millones de euros a Gómez.

El empresario cordobés, conocido como Sandokán, ya fue condenado en el caso Malaya por delito de cohecho activo, lo que le supuo una pena de seis meses de prisión, eludible con el pago de una multa de 3.600 euros, así como otra sanción de 150.000 euros.