Captación ilegal de agua en Doñana La Fiscalía abre otra investigación por la extracción ilícita en otras 20 fincas

  • La causas judiciales de los pozos aguardan a que la Audiencia marque la calificación jurídica

Alfredo Flores, cuando era delegado de Medio Ambiente, señalando un mapa de Doñana y su entorno. Alfredo Flores, cuando era delegado de Medio Ambiente, señalando un mapa de Doñana y su entorno.

Alfredo Flores, cuando era delegado de Medio Ambiente, señalando un mapa de Doñana y su entorno. / Alberto Domínguez (Huelva)

Más de mil captaciones ilegales de agua en Doñana y su entorno. Ése es el recuento realizado por la organización ecologista WWF. De ellas, más de la mitad ya han sido objeto de denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que de la mano de la Fiscalía trata de poner fin a la esquilmación de los recursos hídricos de uno de los territorios más delicados de la geografía nacional.

Desde 2007 a esta parte, la batalla judicial contra la extracción ilegal del agua ya se ha saldado con 36 sentencias condenatorias. Entre las más llamativas, la de la finca El Avispero, en Bonares, que acabó con la condena a tres personas por delitos contra la ordenación del territorio y a un agente de Medio Ambiente por omisión del deber de denunciar delitos.

La mayor proporción de estos asuntos dirimidos en los tribunales de Huelva hacían referencia a "las balsas para riego y a pozos de fincas pequeñas en la zona de Moguer", recuerda a Huelva Información el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, durante años delegado de Medio Ambiente en el Ministerio Público y todo un experto en la materia.

Siguen pendientes, sin embargo, buena parte de "las causas más importantes derivadas de la denuncia de WWF por el robo del agua y de la investigación de la Fiscalía de Sala y del Seprona". De ahí partieron una decena de procedimientos, entre ellos el de la finca Matalagrana, por el que están procesados los exalcaldes almonteños Francisco Bella y José Antonio Domínguez y doce agricultores de la zona.

Reza en esta nómina de expedientes judiciales el de la finca La Borrachuela, también en Almonte, por el que seis empresarios se sentaron (a finales de 2017) en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3, acusados de un delito contra los recursos naturales por el que el propio Alfredo Flores les pedía tres años y diez meses de prisión. Los señalaba como autores de la extracción ilegal de agua del acuífero 27 de Doñana, que abastece al espacio natural y que es fundamental para su pervivencia.

Pero la titular del Penal 3 solo los condenó por "la extracción ilegal y no por el delito medioambiental". Esta circunstancia hizo que la acusación pública recurriera la resolución ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que vio el asunto hace un par de meses en una vista de apelación.

En este momento, remarca el fiscal jefe, "estamos a la espera de que nos notifiquen la sentencia, por si han estimado nuestro recurso o no". El fallo será clave para conocer el rumbo que tomarán en los tribunales onubenses los casos ya denunciados y sus correspondientes condenas o absoluciones.

Todas las demás causas, incluidas la de Matalagrana, "están pendientes de juicio", aclara Flores. De hecho, ya hay una con la vista oral señalada para septiembre en el Penal 1, y otra "que está ya repartida en Penal 2, pero que no se ha señalado todavía, pendiente de lo que diga la Audiencia en el caso de La Borrachuela", una calificación jurídica que será fundamental para enjuiciar el resto de asuntos. "Si dice que solo hay extracción ilegal (artículo 247 del Código Penal) nos restringe un poco la vía; si dice que hay daño y riesgo para Doñana (delito ecológico del 325 del Código Penal), pues nos abre un camino distinto y puede allanar conformidades en las otras causas". El tema es "jurídicamente complicado y tendrá mucha trascendencia".

En paralelo, en febrero la Fiscalía abrió una investigación por otra denuncia de los ecologistas relativa a una veintena de fincas de Almonte, "donde identificaban balsas y pozos prácticamente prescritos, pero nos centramos en la extracción del agua". Se requirió al Ayuntamiento de la localidad que se abrieran expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad "por el tema de las balsas, porque están en zona protegida".

En estos momentos el Seprona indaga en el caso y "ya nos ha llegado un atestado", apunta Flores. No obstante, la tarea es ardua, puesto que "hay que pedir datos a las empresas y a la Confederación sobre si estaban autorizados o no o cuál era el volumen de extracción, entre otros, para ver si se les denuncia o no y por qué se les denuncia".

Como el asunto va para largo, avanza el fiscal jefe que "vamos a pedir la prórroga de otros seis meses para las diligencias de investigación porque termina a principios de septiembre y ya nos dijo el Seprona que no les va a dar tiempo".

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