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La Fiscalía plantea inhabilitar al juez Tirado por el caso Mari Luz

  • El CGPJ decidirá el día 10 si sanciona al magistrado sólo con una multa de 3.000 euros, como plantea el instructor del expediente, o avala la suspensión, traslado o expulsión, como pide el Ministerio Público

El instructor del expediente disciplinario abierto al juez Rafael Tirado por el retraso en el encarcelamiento de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, ha propuesto que se sancione al magistrado por una falta grave, que puede acarrear sólo una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Frente a esta postura, la Fiscalía General del Estado anunció ayer que ha presentado un escrito de alegaciones en el que considera que los hechos investigados pueden constituir una infracción "muy grave", recogida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso, la sanción que podría imponerse al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla podría consistir en la suspensión por hasta tres años, su traslado forzoso a otro juzgado a cien kilómetros de la capital hispalense, e incluso la expulsión de la carrera judicial.

La decisión sobre la sanción definitiva saldrá de la reunión que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantendrá el próximo día 10 de septiembre. En el supuesto de que la Comisión Disciplinaria califique la infracción como muy grave, siguiendo el criterio del Ministerio Público, la imposición de la sanción correspondería al propio Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces.

En el informe que elaboró en abril pasado el jefe del servicio de inspección del CGPJ se atribuía al juez Rafael Tirado una falta "muy grave" de desatención con respecto a los asuntos de su competencia, con una triple argumentación: su pasividad, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del juzgado.

Esa investigación inicial motivó la apertura del expediente al juez Tirado y ahora el instructor del proceso, el magistrado Wenceslao Olea Godoy, ha rebajado a una falta grave la conducta del titular del juzgado, al que se imputa un "retraso injustificado" en la tramitación de la ejecución de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusar de su propia hija.

El instructor llegó a esta conclusión tras analizar toda la documentación del caso y oír en declaración tanto a los funcionarios del juzgado como al propio juez, quien alegó que el exceso de trabajo impidió un mayor control de la ejecución de la condena al pederasta. El magistrado esgrimió en su defensa que tramitaba de 600 causas ejecutorias y que en los últimos dos años superó en más de un 50% los módulos de trabajo que el Poder Judicial fija como adecuados en un año.

Frente a la postura del instructor, la Fiscalía General del Estado cree que el magistrado debe ser sancionado por una falta muy grave, dada precisament ela "gravedad de las conductas imputadas". El Ministerio Público analiza la actuación de Rafael Tirado y dictamina que, una vez que el magistrado denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle y dictó el correspondiente auto de ingreso en prisión -que no pudo ser notificado al pederasta al no ser localizado-, el juez "no adoptó ninguna resolución de búsqueda" durante más de dos años, "ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión". La Fiscalía entiende que ante la imposibilidad de notificar el ingreso en prisión a Del Valle, "lo procedente" habría sido que el magistrado dictara una orden de busca y captura del condenado y se expidieran las requisitorias correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El fiscal recuerda que la función jurisdiccional comprende el deber de juzgar y ejecutar lo juzgado, y aunque "es cierto que en la práctica intervienen en la ejecución de sentencias los distintos integrantes de la oficina judicial, el juez tiene la obligación controlar y dirigir la actividad procesal para que se lleve a efecto al sentencia".

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