La Fiscalía pide diez años de prisión (ocho por malversación y dos por fraude) para el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, del PP, y el director de operaciones, José Manuel Fedriani, por el caso Quality Food, una presunta estafa cometida contra el Consorcio gaditano entre 2001 y 2004. El Ministerio Público también solicita penas de prisión para el empresario Manuel García Gallardo y su madre por estafa, malversación y fraude como impulsores de la compañía alimenticia Quality Food, que, según la acusación, sirvió para desviar dinero público de la Zona Franca de Cádiz. La Fiscalía es incluso más dura que la acusación del PSOE y la Abogacía del Estado, que pedía para Osuna y Fedriani siete años de cárcel. Asimismo, el ex empleado de una oficina bancaria y un presunto testaferro de Manuel García Gallardo también se enfrentan a penas de prisión.

El caso se remonta al año 2000, cuando quedó constituida la empresa Quality Food Industria Alimentaria, una sociedad familiar que tenía como objeto el desarrollo de una empresa para suministrar comida a colegios o cuarteles, entre otros destinos, que se ubicó en el recinto interior de la Zona Franca. Un año después el Consorcio, a través de su empresa Sogebac, entró en el accionariado de la compañía, momento en el que, según la Fiscalía, comenzaron las irregularidades.

El escrito señala que la familia García Gallardo, en connivencia con el director de una entidad bancaria, "con evidente ánimo de lucro y de engaño", expidió certificaciones para justificar el desembolso", justificaciones que, según la Fiscalía, eran falsas. El Ministerio Público también detecta irregularidades en otras operaciones como el pago por movimientos de tierras que nunca se realizaron para ampliar la empresa. Según la Fiscalía, a pesar de conocer la delicada situación de la empresa, el entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, y su entonces jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, apoyaron ampliar el capital de Quality Food y la petición de varios préstamos.

En diciembre de 2003, Osuna convocó un comité ejecutivo de la Zona Franca para hacerse con la mayoría de acciones de Quality Food, en contra de la recomendación de la Abogacía del Estado, que se quejó, además, de la falta de tiempo para estudiar la solución más adecuada. La Fiscalía cree que Osuna ocultó a los miembros del comité "datos esenciales" y que actuó "de mutuo acuerdo" con Fedriani. Esto posibilitó, según este escrito, que Manuel García Gallardo traspasara de la empresa a otras compañías de su propiedad varias cantidades "guiado por el ánimo de ilícito beneficio".

Por eso, la Fiscalía acuerda pedir para García Gallardo 16 años de prisión y siete meses por estafa, falsedad en documento mercantil, delito societario, fraude, malversación, administración desleal y apropiación indebida.

La causa empezó en el año 2004 cuando precisamente Miguel Osuna presentó las primeras demandas civiles, a las que se unieron posteriormente unas querellas penales contra Manuel García Gallardo y su familia. En estos doce años de instrucción ha habido numerosos vaivenes. Tantos, que el principal denunciante se convirtió finalmente en imputado.