La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a indultar al ex presidente del Sevilla José María del Nido, condenado por el alto tribunal a siete años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación cometidos en el denominado caso Minutas, que juzgó sus actividades irregulares como abogado en el Ayuntamiento de Marbella. 

Fuentes fiscales han señalado que el Ministerio Público se opone al indulto al estimar que en el caso de Del Nido no concurren requisitos que justifiquen la aplicación de la medida de gracia por parte del Gobierno. 

El pasado mes de diciembre la Sala de lo Penal del alto tribunal redujo en seis meses la condena a Del Nido en relación con la que se le impuso por la Audiencia Provincial de Málaga, al rechazar que además de malversación y prevaricación cometiera fraude. La pena alcanza no obstante los siete años de prisión. 

El pasado 3 de marzo, el letrado ingresó en prisión tras fracasar las diferentes estrategias planteadas por su defensa, entre ellas el incidente de nulidad presentado contra la resolución del Supremo y la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena mientras dicho incidente se tramitaba. 

De forma paralela, Del Nido personalmente solicitó el indulto y su letrado pidió de nuevo a la Audiencia que suspendiera su ingreso en prisión mientras se tramitaba y resolvía dicha medida de gracia. Tras fracasar este último recurso ingresó en prisión. 

Del Nido no ha pagado toda la responsabilidad civil impuesta, sino solo 350.000 euros de los 2,7 millones que debe, y tiene pendiente un juicio por el denominado caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de Marbella en 2001 y 2002. La Fiscalía solicita para el letrado una pena de 11 años de prisión por esta causa. 

El Ayuntamiento de Marbella también se ha posicionado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en contra del indulto de José María del Nido al considerar que abogado, junto con otros cargos municipales como el falleicido Jesús Gil, y Juan Antonio Roca y otros "estaban perfectamente integrados en una sociedad en la que hizo nido la corrupción, fluía generosamente el dinero y campaban a sus anchas la arbitrariedad, el cohecho y la utilización y destino privado de los bienes públicos". 

Queda pendiente entonces ahora el informe de la Sala de lo Penal del Supremo, que será remitido junto con el resto al Ministerio de Justicia que es el que tiene que estudiar si concede o no finalmente la medida de gracia.