La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a los juzgados de Sevilla la denuncia del Parlamento contra Manuel Chaves, ex presidente de la Junta, por posible un posible delito de desobediencia en la comisión de la Faffe. El Ministerio Público da continuidad así al requerimiento de la Presidencia de la Cámara y mantiene el procedimiento contra el ex dirigente socialista, pero también contra el los ex consejeros José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano.

Según informa el organismo que dirige Ana Tárrago, su actuación alude directamente a Carnero y Ramírez de Arellano, puesto que son los únicos aforados por su condición de diputados del Parlamento Andaluz. La Fiscalía Superior de Andalucía denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene las competencias para juzgar a los diputados autonómicos, el posible delito de desobediencia por ausentarse de la comisión que investiga las posibles irregularidades en la Faffe. 

En el caso de Chaves y Sánchez Maldonado es distinto, al tratarse ambos de no aforados. La Fiscalía Superior de Andalucía remite a la Fiscalía Provincial de Sevilla el asunto para que lo traslade ante el juzgado de instrucción número 12 de Sevilla. En dicho juzgado se mantienen abiertas diligencias previas contra el ex presidente andaluz. En su momento, Vox denunció a Chaves por la misma razón que la Presidencia del Parlamento.

Los cuatro afectados siguieron una directriz orquestada por la dirección del PSOE andaluz como reacción a la decisión de PP, Ciudadanos y Vox de colocar las comparecencias de los ex presidentes y ex consejeros socialistas en los días previos a las elecciones del 10 de noviembre. Lo habitual en comisiones de investigación precedentes era comenzar las comparecencias por los técnicos para después ir ascendiendo en el escalafón político. La mayoría que sostiene al Gobierno de Juanma Moreno optó por cambiar el procedimiento habitual, si bien no hay ninguna norma que regule el orden de comparecientes en estas investigaciones. 

Chaves, Ramírez de Arellano, Sánchez Maldonado y Carnero acudieron a la comisión y rechazaron, con argumentos políticos, la obligatoriedad de declarar. Acto seguido, abandonaron la sala de comisiones donde se celebran las reuniones, con el rechazo del presidente del organismo parlamentario, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno. En el rifirrafe entre Moreno y Chaves, el primero que puso en práctica la estrategia, dejó escenas muy incómodas en la sede de la Cámara. 

Había dudas sobre si Chaves y los ex consejeros tenían argumentos jurídicos, aunque en pleno conflicto se aludió a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que sentaban un precedente. El escrito avala que un compareciente abandone la comisión tras acogerse al derecho a no declarar, pero el documento se hizo para un caso concreto, el de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo implicado en la causa jurídica de los cursos de formación. Ninguno de los ex altos cargos socialistas estaban imputados en la causa abierta por las irregularidades en la extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.