La Fiscalía Anticorrupción y los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han presentado sendos recursos de apelación ante la Audiencia de Sevilla contra la decisión de la juez Mercedes Alaya de suspender la tramitación del conflicto de jurisdicciones planteado por la entrega de las actas de los consejos de gobierno celebrados desde el año 2001.

Tanto el Ministerio Público como la Junta rechazan la decisión adoptada por la juez en mayo pasado y reclaman que se tramite de inmediato el asunto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

La Junta argumenta en su recurso que la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de suspender la tramitación del conflicto -que la juez adoptó por "coherencia procesal y con el fin de evitar pronunciamientos inútiles o contradictorios"- causa indefensión a la administración y es "contraria a derecho".

Los servicios jurídicos de la Junta subrayan que "ningún precepto ampara" que una vez planteado un conflicto de jurisdicción se suspenda de forma "unilateral" por una de las partes contendientes, en este caso el órgano judicial, que deja el procedimiento "estancado por su sola voluntad sin amparo legal y con causación de clara indefensión a esta Administración", lo que a su juicio está "desvirtuando" y "desnaturalizando" el conflicto de jurisdicción planteado, en el que la igualdad de posiciones entre el órgano administrado y el judicial "es absoluta".

La Junta insiste en que el auto de la juez dictado el pasado 5 de mayo deja la tramitación del conflicto "al pairo de su exclusiva voluntad", en alusión a la resolución de la magistrada, y recuerda que el Código Penal tipifica en su artículo 509 como delito la acción u omisión de un juez cuando se plantea un conflicto de esta índole.

La Junta recurrió la entrega de la actas de los consejos de gobierno y la decisión de la instructora convocar al letrado de los servicios jurídicos para ratificar de forma personal la negativa a llevar los documentos, pero la juez "obligó a entregar las actas en sobres lacrados y cerrados, utilizando este hecho, precisamente, para justificar la suspensión del conflicto de jurisdicción".

Para la Administración autonómica, la adopción de esas medidas cautelares de depositar las actas cerradas -que se encuentran en el juzgado de guardia de Sevilla- "ponía en cuestión, nada menos, que la posibilidad de que un poder ejecutivo del Estado se dedicara a alterar el contenido de los documentos requeridos", advierte el recurso de la Junta.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado que se revoque el auto de la juez Mercedes Alaya y se deje sin efecto la suspensión de la tramitación del conflicto, para que éste sea elevado al Tribunal de Conflictos en el caso de que la instructora decida mantener su jurisdicción.

La Fiscalía Anticorrupción coincide con la representación jurídica de la Junta en que la ley orgánica de Conflictos de Jurisdicción no contiene "previsión alguna, una vez iniciados los trámites, que permita al órgano judicial suspender el curso del procedimiento". El Ministerio Público añade que la ley tampoco permite que la calificación sobre la existencia o no de un conflicto "sea resuelta por otro órgano distinto que el propio Tribunal de Conflictos".