La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación contra el último auto de la juez Mercedes Alaya para que la Audiencia de Sevilla ordene la división de la causa en más de 200 piezas separadas, una por cada una de las empresas investigadas, así como otros dos bloques relacionados con las sobrecomisiones y el procedimiento específico empleado para concesión de las ayudas.

Anticorrupción recuerda que el Supremo ordenó la separación de la causa y, en este sentido, apuesta por hacer varios bloques, el primero compuesto por más de 200 piezas, una por cada una de las empresas que se han visto beneficiadas con los fondos públicos "sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales" y sin someterse a los principios de "publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta".

Un segundo bloque estaría constituido por las sobrecomisiones cobradas en la tramitación de las pólizas de las ayudas por parte de las consultoras y sindicatos.

Y una tercera pieza sería la relacionada con el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales y la encomienda de Gestión de 2010, entre otros aspectos.

Sobre la posibilidad de que se produzcan sentencias contradictorias al existir numerosos juicios, el fiscal alega que "sin negar categóricamente" esta posibilidad, entiende que "no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera tal contradicción en el primer bloque si este responde a los hechos objeto de enjuiciamiento".

"La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados", precisa.

El fiscal considera que no dividir la causa en piezas "se traduce primero en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada una de las piezas que han sido propuestas por esta Fiscalía, lo que supone una instrucción sine díe, y segundo en admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos".

Dice el Ministerio Público que Alaya ha "obviado" el pronunciamiento que hizo el Supremo y recuerdan que la instrucción de los ERE "ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo, como consecuencia necesaria del resultado de las diligencias que se han venido practicando, nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable". Aún así, matizan, que el resultado "no es consecuencia de decisiones judiciales sino de la propia realidad de los hechos de apariencia delictiva que son objeto de investigación".

De otro lado, el fiscal solicita que se abra de "forma prioritaria" por la Guardia Civil una nueva línea de investigación para que los informes incluyan un apartado que exponga "la existencia o no de negocios realizados" por los gestores de las sociedades en el momento de la percepción de las ayudas relacionados con la "transmisión de títulos o bienes que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla", todo ello tras haberse constatado que algunas de las sociedades que recibieron ayudas sociolaborales "procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes propiedad de la misma", por ejemplo suelos.