Empresarios acusados en el caso Troya, contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), negaron ayer que el Ayuntamiento les pidiera dinero por licencias supuestamente ilegales o que se condicionara si concesión al pago de cantidad alguna, y rechazaron haber hablado con responsables municipales para aumentar la edificabilidad.

La Fiscalía de Málaga acusa, además de al alcalde, Juan Martín Serón (PP), al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, y dos asesores municipales, a 16 empresarios por delitos de cohecho activo y como cooperadores necesarios de un delito contra la ordenación del territorio.

Los promotores aseguraron que no saben a qué se refieren las anotaciones intervenidas, que supuestamente recogen presuntos pagos por parte de éstos para las licencias. También declararon que presentaron proyectos para la construcción de viviendas y les fueron concedidas menos de las que inicialmente se solicitaron e indicaron que de la tramitación de las licencias se encargaban los arquitectos que contrataron.