Consejo de Gobierno

Empleo, corrupción y Cataluña integran la agenda de Díaz en la reunión con Rajoy

  • La presidenta andaluza pedirá un plan para los parados en la visita al jefe del Gobierno. Báñez niega programas específicos para 2014.

Colaboración para "luchar" contra el desempleo, un pacto por la "regeneración democrática" y un debate sobre el modelo territorial ante las presiones soberanistas de Cataluña forman la agenda de trabajo con la que la presidenta de la Junta de Andalucía viaja mañana a Madrid a entrevistarse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ésta será la primera visita institucional de la presidenta de la Junta, elegida por el Parlamento en septiembre, al presidente del Gobierno y no será de "simple cortesía". Así lo aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. La hoja de ruta de la presidenta contiene tres bloques, detalló Vázquez. En el plano económico, Susana Díaz pedirá a Rajoy que "colabore en la lucha contra el desempleo".

En Andalucía hay 1.049.456 personas desempleadas. Vázquez afirmó a preguntas de los periodistas que la presidenta reclamará un plan especial de empleo como los que han tenido Extremadura o Canarias (y que no reeditarán en 2014), medida que la Junta lleva reivindicando desde hace años. "No se entiende cómo el Gobierno de la Nación no da una respuesta coordinada con la Junta para afrontar este problema", dijo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió ayer que a partir de 2014 no se harán planes especiales de empleo en ninguna comunidad autónoma, porque existe un marco flexible que permitirá compatibilizar las medidas comunes con otras excepcionales "propias del tejido productivo" característico de la región. Ésta fue la respuesta de Báñez a una senador de Coalición Canaria, al que Báñez reprochó que "han sido más de 1.000 millones de euros en los años de crisis los invertidos en fondos de empleo en Canarias y sin embargo el desempleo subió un 143%".

La presidenta de la Junta también demandará una mejor financiación. Según el portavoz del Ejecutivo andaluz, Díaz llamará la atención sobre la "incidencia negativa" de los Presupuestos del Estado (PGE) para Andalucía, y volverá a plantear el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía relativa al reparto de las inversiones.

Petición aún cuando el lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, garantizó que el Gobierno de la Nación va a cumplir con lo establecido respecto a la inversión estatal, que se quedó a 54 millones del 17,8%. Montoro se mostró seguro de que con la firma de algunos convenios, como el de la rehabilitación de viviendas, el Gobierno cumplirá con el porcentaje de inversiones proyectado. Andalucía tiene menos razones que otras comunidades, Cataluña o Baleares por ejemplo, para quejarse de agravios en el reparto estatal de inversiones. Por ello el Gobierno de coalición PSOE-IU, lejos de admitir esta realidad, varía el discurso. Vázquez aseguró al respecto que lo importante es que se "materialice". "No es la primera vez que los presupuestos del Estado recogen en el proyecto de ley la cantidad obligada en cumplimiento del Estatuto, como ocurrió en el 2008 y el 2009 y luego no se materializó", subrayó Vázquez sin citar que entonces fue el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero quien incumplió esta cláusula. Fue a unos días de las elecciones de noviembre de 2011 cuando la Junta endureció su postura y la Intervención General del Estado reconoció una deuda de 1.504 millones de euros.

Vázquez añadió que en los años de Gobierno de Rajoy (2012, 2013 y 2014) "no se ha cumplido con lo estipulado", aunque el Gobierno central asegura que en la ejecución final sí se cumplió el primer año. "No se trata de que aparezca en un documento, sino de que se refleje en la realidad de Andalucía", remarcó Vázquez.

En la reunión con Rajoy, la jefa del Gobierno andaluz también planteará un pacto nacional por la regeneración política que permita "recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones" y, respecto al modelo de Estado, advertirá el "perjuicio" que puede suponer el proyecto de reforma local.

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