LA juez Mercedes Alaya retomará en septiembre con renovados bríos la instrucción del caso que lleva ya durante demasiado tiempo condicionando la vida política de Andalucía, hasta el punto de que se le puede considerar el factor desencadenante de la salida de la Presidencia de la Junta de José Antonio Griñán y su sustitución por Susana Díaz. No es la primera vez que señalamos desde estas páginas que el caso de los ERE constituye una singularidad dentro de la Justicia no sólo por la materia que investiga, un presunto desvío masivo de dinero público con la supuesta complicidad o aquiescencia de altos responsables de la Administración, sino también por la propia personalidad de la instructora y su forma de actuar. El caso de los ERE y la forma como se lleva la investigación por parte de la magistrada han sido recientemente avalados por el Consejo General del Poder Judicial, que ha salido al paso de algunas críticas, muy medidas, realizadas por el consejero de Justicia. Cierto es que hasta el momento no se ha podido esgrimir ni una causa de recusación contra Alaya y sería absurdo no reconocer la seguridad y la eficacia con las que ha actuado. Pero supondría dejar el análisis incompleto no subrayar que la instrucción de la juez no ha sido neutra desde el punto de vista político y que tras ella se trasluce un evidente planteamiento de causa contra la Junta. Sólo así cabe explicarse el ritmo de las actuaciones, el contenido de algunos autos o la adopción de determinadas medidas cautelares. Por no hablar de la clamorosa elusión de la imputación de aforados que le harían perder el caso a favor de una instancia superior, cuando no ha dudado en inculpar a decenas de personas que carecen de fuero especial. Esto es así hasta el punto de que, como informamos hoy en las páginas de Andalucía, Alaya ha imputado a 93 personas en la causa y a más de la mitad todavía ni tan siquiera les ha tomado declaración, a pesar de lo prolongado de la instrucción. Un ritmo que para un caso de tanta gravedad no parece el adecuado.