EL conflicto entre la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario sobre el escándalo de los ERE fraudulentos, y la Junta de Andalucía, que había registrado numerosos episodios de desencuentros y recursos jurídicos, ha entrado en los últimos días en el territorio del choque frontal y ha desatado una guerra abierta en la que se busca la derrota de cada una de las partes. Mientras la juez ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la petición de Manos Limpias de apartar al Gobierno andaluz como acusación particular en el caso de los ERE y ha pedido que el funcionario Teodoro Montes sea considerado a todos los efectos testigo protegido en el caso de los cursos de formación subvencionados, la Junta realizó ayer dos movimientos tendentes a dejar en evidencia a la instructora y apartarla de esta última causa. Por un lado, ha recurrido ante la Audiencia contra el auto de Alaya que le exigía la aportación de las actas de todas las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros celebradas entre 2001 y 2012, lo que incluye las sesiones de dicha comisión presididas por la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante los meses en que fue consejera de Presidencia. Al mismo tiempo, ha procedido a colgar en la página web oficial todas las actas de llamado "consejillo", en un claro mensaje de transparencia y significando que no pretende esconder ninguna de sus actuaciones. Por otro lado, y es lo fundamental, el Gobierno autonómico ha pedido a la juez instructora número 6 de Sevilla que se aparte de la investigación de los cursos de formación, por estimar que la juez vulneró la Ley de Enjuiciamiento Criminal (el derecho al juez predeterminado, concretamente) al remitir al testigo clave en el caso de la formación, el funcionario Teodoro Montes, a la Guardia Civil, en vez de dirigirlo a la Fiscalía o al juzgado de guardia, con una maniobra que entiende la Junta que le permitió autoatribuirse el caso y acaparar la investigación. El objetivo de Alaya sería, según la Junta, conformar una causa general contra la Administración andaluza, poniendo en duda, además, las competencias de ésta en la materia investigada, algo que no corresponde decidir a un juez, sino al Tribunal Constitucional. La juez Alaya, enfrentada a indagaciones de gran complejidad y que ha tropezado ocasionalmente con el Parlamento andaluz, con los fiscales y con otros jueces, afronta ahora una ofensiva político-jurídica en toda regla, que probablemente tendrá que ser zanjada por órganos judiciales superiores y que, sin duda, colocará los dos casos de corrupción que instruye, el de los ERE y el de la formación, en una dimensión nueva y, por ahora, desconocida. Pronto lo sabremos.