Caso de los ERE

Un abogado imputado en los ERE denuncia "graves irregularidades" en la operación Heracles y pide una investigación de Interior

  • El letrado insiste en que los fondos que gestionó no son públicos, sino que provienen de la aseguradora Uniter que a su vez los recibió de la asociación de la Faja Pirítica.

El abogado Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís (EJV) y que está imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos, ha denunciado las "graves irregularidades" que a su juicio se han cometido en la operación Heracles I –contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta- y ha pedido a los responsables políticos del Ministerio del Interior y de la dirección del Instituto Armado que lo investiguen.

El letrado, en un comunicado, insiste en que los fondos que gestionó su bufete no tenían un origen público y emplaza a que se exijan reponsabilidades y se "comprueben las graves irregularidades cometidas por los Agentes que comandaron la operación Heracles 1, por cierto, desarrollada en sus primeras horas de la forma mas humillante y dañina para la imagen de los afectados, y por los agentes firmantes de los atestados 33, 60 y 80, ya que a pesar de tener toda la documentación a su disposición, siguieron manteniendo que los fondos recibidos provienen del erario público andaluz".

El letrado argumenta que esta afirmación "falta a la verdad" y en base a la misma practicaron detenciones, solicitaron mandamientos de registros y bloqueo de cuentas, con las "máximas violaciones de los Derechos Constitucionales que pueden cometer los miembros de las Fuerzas y Seguridad el Estado, amparándose en la presunción de legalidad de sus actuaciones, basando su actuación en una realidad documental inexistente".

El letrado, que ha enviado un escrito al juzgado con un estudio de los movimientos de la cuenta de la Faja Pirítica, la contabilidad de Uniter, y de la cuenta de su propio despacho, asegura que el atestado 33 de la Guardia Civil, sobre la operación Heracles I, recoge una información "absolutamente incorrecta, y omite información que la Unidad Central Operativa (UCO) tenía en su poder, y que hubiera acreditado cuando se produjo la operación, que los fondos recibidos por el despacho ni son públicos ni provienen de la Junta de Andalucía".

El atestado 33, elaborado por la UCO, y en base al cual practicó detenciones de su entorno, y solicitó de la juez de Instrucción la práctica de registros y bloqueo distintas cuentas bancarias, se basaba "en la premisa del cobro de las supuestas sobrecomisiones” por su despacho. "Esta hipótesis de trabajo se elevó a hecho definitivo, y sin comprobar los movimientos bancarios, -que llevaban más de seis meses estudiando-, la UCO puso en práctica la operación Heracles I, que ha provocado en mi entorno profesional, personal, familiar y patrimonial innumerables perjuicios y un inenarrable sufrimiento", añade Carlos Leal Bonmati. 

La realidad, según el letrado, es que las operativas que se reflejan en el atestado 33 "no son ciertas" y para demostrarlo ha aportado un certificado “donde se recogen una por una las operativas y se acredita de forma indubitada que los fondos recibidos provienen de Uniter, que a esta entidad se los ha pagado la Asociación de la Faja Pirítica, y que la Asociación ha recibido el dinero proveniente de los trabajadores afectados por la crisis de las minas de Huelva". 

Los trabajadores, tras la tramitación ante el Juzgado de lo Social de sus indemnizaciones por despido y la declaraciónn de insolvencia por parte el Juzgado, "han recibido del Fogasa la suma que debían haber recibido de las empresas en las que trabajaban, fundamentalmente Riotinto y Almagrera, y lo han cedido a la Asociación", concluye. 

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