El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana está estudiando la apertura de una nueva causa en la que figurarían como investigados el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, en relación con un "préstamo puente" de 5,8 millones de euros concedido en 1999 a la empresa jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

La Fiscalía Anticorrupción, como adelantó ayer este periódico, ha presentado un escrito en el que solicita al juez que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo, del que quedaban en 2003 pendientes de vencimiento 3,7 millones, y por el que podrían ser llamados a declarar hasta 15 personas: diez ex altos cargos de la Junta y cinco directivos de la empresa Primayor.

El préstamo concedido a Hamsa es uno de los siete que está indagando la Fiscalía Anticorrupción por un importe global de 14,6 millones y que el Ministerio Público entiende que no estarían afectados por la exclusión de los ex altos cargos decidida por la Audiencia de Sevilla sobre aquellos responsables que han sido juzgados en el denominado "procedimiento específico", cuya sentencia se hizo pública el pasado 19 de noviembre.

Además de Hamsa, los préstamos fueron concedidos a las empresas EDM (384.841,65 euros), Nature Pack Minas de Riotinto (que recibió dos préstamos por importes de 176.000 y 273.500 euros, respectivamente), Pickman (1.869.630,41 euros), Promi (3.606.072,57 euros), Scafa (1.000.000 euros) y Grupo Inversiones Plásticas TPM Agrícolas (1.500.000 euros). En total, 14,6 millones.

Sobre algunos de estos préstamos, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya ha abierto las correspondientes piezas separas y ha citado a declarar a algunos de los ex altos cargos, como ocurre con EDM y TPM.

Abogados defensores como Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de Idea Jacinto Cañete, o Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ya han presentado recursos ante el propio juzgado y en la Audiencia, al estimar que estas nuevas imputaciones no se refieren a hechos nuevos y, por lo tanto, se mantendría la exclusión acordada por la Audiencia en aplicación del principio legal non bis in ídem, que impide juzgar a una personas dos veces por unos mismos hechos.

Los letrados sostienen, por ejemplo, en el caso del préstamo a la sociedad EDM, que los "hechos nuevos" que atribuye la Fiscalía Anticorrupción constituyen una tesis errónea. La Fiscalía sostiene que el préstamo a EDM acabó siendo imputado a los "fondos propios" de la Consejería de Innovación, por lo que ya no se estaría ante una de las ayudas concedidas con fondos del programa 31L y, en consecuencia, se trataría de hechos no amparados por el principio non bis in ídem.

Sin embargo, las defensas destacan que los fondos del préstamo de EDM "acabaron siendo cargados a la citada partida presupuestaria 31L en todo caso". Sobre el asunto ya se les preguntó a algunos de los testigos que comparecieron en el juicio de la "pieza política" de los ERE, como el ex director de Idea Antonio Valverde, al que se preguntó expresamente por seis de los siete préstamos –no se incluyó el de Hamsa– y si los mismos supusieron algún impacto para la agencia Idea porque finalmente se cargaron a la 31L. Antonio Valverde así lo confirmó en su declaración ante el tribunal, en el que se detallaron cada uno de esos créditos.

En relación con el crédito concedido a la empresa Inversiones Plásticas TPM Agrícola por importe de 1,5 millones de euros, consta además un certificado de la agencia IDEA, emitido a requerimiento del juzgado, donde se pone de manifiesto que con fecha 31 de diciembre de 2010 se contabilizó la "provisión por deterioro de la deuda procedente del préstamo de referencia", y se explica que dicho crédito se registró contablemente "como fallido" el 2 de noviembre de 2012, "aplicándose la financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, determinada en la estipulación cuarta del convenio de colaboración de 31 de julio de 2008" suscrito entre la dirección general de Trabajo y la agencia Idea, por la que se encomienda a ésta la gestión del otorgamiento de un préstamo al Grupo TPM.

Este documento, según las defensas, acredita que dicho préstamo se financió con cargo a la partida 31L, por lo que solicitan la nulidad de las nuevas imputaciones realizadas a los ex altos cargos en esta pieza.

De otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla anunció ayer que el Gobierno andaluz aprobará hoy llevar a la Justicia la desaparición de los archivos del Consejo de Gobierno de un convenio "clave" sobre la ayuda concedida en 1999 a la empresa Cárnicas Molina.