El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado a altos cargos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (entre ellos, el viceconsejero, Luis Nieto) por usurpación de potestados públicas por parte de personal que no tiene condición de funcionario. En concreto, el sindicato ha denunciado que una empleada de la Junta, de los subrogados por la extinta Faffe (Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo), ha redactado informes de visita a cursos de formación profesional atribuyéndose la condición de inspectora por parte de la Administración. Añaden la autorización de una jefa de servicio de la Consejería para que "evaluadores externos" puedan hacerse cargo de inspecciones, y que por medio de empresas contratadas puedan recabar información para la evaluación de los planes de formación. Estas acciones se llevaron a cabo en julio de 2012.

El SAF recuerda varias sentencias en contra de que la Consejería encomiende el desempeño de potestades administrativas al personal de esta fundación. Como ejemplo, aluden a una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2013 o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de abril de 2012. En esta última el tribunal subraya que "la suficiencia o insuficiencia del Servicio Andaluz de Empleo no puede constituir motivo admisible para encomendar determinadas gestiones a costa de sacrificar principios esenciales".