En 30 años de historia del Parlamento andaluz se han registrado 30 Iniciativas Legislativas Populares (ILP), uno de los instrumentos por los que la sociedad civil puede participar en la política más allá del voto cada cuatro años. Ninguna se ha aprobado; cero de 30.

La pregunta ciudadana es otra herramienta mucho más ágil para el ciudadano: sólo hace falta que un diputado la asuma. En la pasada legislatura se registraron cinco preguntas y sólo dos se llevaron a comisiones, amparadas por diputados de IU. En la actual legislatura (la novena) la perspectiva es más halagüeña: la semana pasada una pregunta oral llegó a la comisión de Fomento de la mano de una diputada de IU y la respondió la consejera Elena Cortés. Versaba sobre el problema habitacional.

En esta línea de abrir la política a los ciudadanos se trabajará en los próximos meses. Ayer el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, anunció que ha enviado a los grupos una propuesta para hacer efectivo el anuncio del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de habilitar el escaño 110.

Quince meses después de su anuncio en el Debate del estado de la Comunidad, los grupos tienen la propuesta para modificar el Reglamento de la Cámara y que los promotores de las ILP puedan defender la iniciativa ante los parlamentarios en pleno o en comisión. Esta medida complementaría la rebaja de 75.000 a 41.000 las firmas necesarias de apoyo. La comunidad era la que más dificultades ponía, seguida de Madrid y Cataluña, con 50.000 firmas.

Gracia confió en que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para aprobar por "lectura única" la propuesta y se pueda aplicar de manera "inmediata" la modificación, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de defender su posicionamiento, lo que supondrá "un cambio de perspectiva".

Pero el camino para que un ciudadano tenga no sólo voto, sino voz en el Parlamento, es arduo aún. Y no sólo por las firmas, que requieren además de otra aprobación por parte de la Junta de Andalucía para que se puedan recoger de forma electrónica.

La ILP primero se registra y pasa a los trámites parlamentarios correspondientes (comprobación de que cumple los requisitos especificados en la ley o calificación por parte de la Mesa) y una vez que se comprueban los requisitos y que la Mesa la califica, es necesario que ante la Junta Electoral se tome posesión de las credenciales por parte de los fedatarios, que son las personas encargadas de recoger las firmas, y comprometidas a que las firmas que se presenten sean legales. Entonces se abre el plazo de recogida de firmas y posteriormente se analiza que las firmas presentadas son legales y no se repiten. Ése es el camino. El trámite posterior de las ILP pasa por que la analicen los grupos parlamentarios en pleno o comisión.

Pero ninguna ha corrido esa suerte siquiera. La ILP que más lejos ha llegado fue la de Redmadre, del Foro de la Familia, en defensa de la mujer embarazada. Tras contrastar las firmas, en 2006 se debatió su tramitación, que fue rechazada por PSOE e IU. La iniciativa salió adelante en otros parlamentos.

Las ILP también pueden presentarse por los ayuntamientos. De hecho, desde la primera iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Guillena en 1988, otras 12 iguales de otras entidades locales plantearon hasta 1995 la creación de un fondo de cooperación municipal. Los ecologistas, que demandaron la prohibición de la incineración de residuos, o el sector de los quiosqueros rompieron esta cadencia local, aunque con igual éxito. La declaración de la Semana Santa como Bien de Interés Cultural o la Ley de Caza precedieron a las ILP vinculadas a la crisis a partir de 2011, sobre embargos de vivienda, consultas populares o renta básica. El 15-M y el Ayuntamiento de Écija (con dos) han sido los principales promotores. Todas fueron rechazadas y la única en trámite en la actualidad reclama la modificación del artículo que versa sobre el objeto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Gracia también anunció un espacio en el que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones, valoraciones y propuestas en relación a cualquier ILP que se esté tramitando. También medidas para actualizar las declaraciones de bienes y actividades de los diputados, sus retribuciones, su asistencia a las sesiones, el sentido y explicación de su voto o sus intervenciones en pleno y comisión. Pasos de camino hacia una democracia 2.0.