La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado declaración este jueves, en calidad de investigado, al adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Carlos del Barco, por la supuesta filtración de la identidad de la persona cuya fotografía desnuda en una playa se atribuyó erróneamente a la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

Carlos del Barco ha comparecido por espacio de unos 45 minutos ante el instructor del Alto Tribunal Andaluz, Miguel Pasquau, y en principio se le atribuye un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, que castiga con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años a “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. Este artículo señala igualmente que “si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años”. Y por último, indica que si se tratara de “secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, elevó en diciembre pasado una exposición razonada al TSJA, al apreciar una posible revelación de secretos en la actuación de Carlos del Barco.

Los hechos se remontan a la campaña electoral de las elecciones andaluzas de marzo pasado, cuando se difundió la foto de la joven desnuda, vinculándola a la de la candidata por Podemos, Teresa Rodríguez, quien negó que el retrato fuese suyo.

La fotografía se difundió rápidamente por las redes sociales y a través del programa de mensajería Whatsapp, y la joven a la que correspondía la imagen presentó una denuncia ante el Defensor por vulneración de su derecho a la intimidad. Un día después, el periódico Abc contactó con la mujer ofreciéndole una entrevista. La denunciante rechazó la entrevista y se quejó ante el Defensor, que abrió una investigación interna.