El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sobre la situación creada por el incremento de las denegaciones de becas para cursar estudios universitarios y de las anulaciones de matrículas por impago. 

En la actuación de oficio, la Oficina del Defensor autonómico señala que ante el incremento de casos de personas que afrontan el riesgo de tener que dejar sus estudios universitarios por no poder hacer frente al pago de las tasas al no disponer de fondos para ello y por haber visto denegada su solicitud de beca universitaria, esta Institución, con el objetivo de conocer los datos reales de este problema y encontrar posibles soluciones al mismo, ha considerado "oportuno" iniciar queja de oficio ante las Administraciones competentes.

En este sentido, señala que esta Institución viene recibiendo quejas de estudiantes a quienes se les ha denegado la beca para cursar estudios universitarios correspondiente a la convocatoria cursada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se encuentran en situación de "imposibilidad" de atender el pago del importe de la matrícula que se le requiere desde la Universidad donde cursan sus estudios.

Las quejas, en muchos casos, se refieren al "endurecimiento" de los requisitos para acceder a las citadas becas, bien en lo referente a cuestiones económicas o bien a requisitos académicos. Entre las cuestiones que se destacan en relación con los requisitos económicos, al Defensor "le parece oportuno citar el elemento patrimonial como excluyente del beneficio de la beca". 

Así, continúa, "está el caso de una queja en la que se nos trasladaba una difícil situación económica y, pese a ello, se habría propuesto la denegación de beca por contar la unidad familiar con una vivienda que superaba los límites de patrimonio establecidos en la convocatoria". Según destaca la interesada, en situación de desempleo, "contaba con una casa vieja de una aldea pequeña de un municipio malagueño, pero a raíz de las modificaciones introducidas en los valores catastrales se había pasado en pocos años de un valor alrededor de 10.000 euros a otro cercano a los 98.000 euros".

Asimismo, y por lo que hace a los requisitos académicos, la Defensoría apunta que se han recibido quejas relativas a los cambios introducidos en los porcentajes de créditos a superar con respecto al curso anterior o que la nota de acceso fuese superior a 5,5 puntos. De este modo, señala que les llamó "especialmente la atención el caso de un estudiante que cursaba Grado en Administración y Dirección de Empresas, cuyos padres se encontraban separados y ambos en situación de desempleo, que manifestaba haberse esforzado durante el curso y logró superar hasta el 86,04 por ciento de la carga lectiva, pero que no tendría derecho a beca por haberse elevado el porcentaje hasta el 90 por ciento". 

Según se indica en la actuación de oficio, estas quejas vienen siendo remitidas a la Defensora del Pueblo, como Comisionado de las Cortes Generales, al afectar a cuestiones referidas propiamente a la convocatoria de becas de carácter general y de movilidad para estudiantes de enseñanzas universitarias.

No obstante, "sin perjuicio de ello, desde esta Institución se ha actuado en algunas ocasiones ante las propias universidades donde cursan sus estudios quienes promovían queja, con objeto de mejorar su situación, bien por si tuvieran derecho a otro tipo de ayuda de la propia universidad o bien por si existiesen medidas para flexibilizar el pago de la matrícula requerido," ha aclarado la Institución. 

Además, señala que recientemente los medios de comunicación se están haciendo eco de estas circunstancias, poniendo de manifiesto "el gran número" de estudiantes a quienes se habría denegado la beca ministerial. Así, apunta, "en el caso de la Universidad de Sevilla las denegaciones habrían afectado a 13.000 estudiantes o en la Universidad Pablo de Olavide habría alcanzado al 38 por ciento de las solicitudes formuladas".

"La mayoría de estas personas probablemente no puedan hacer frente al pago de la matrícula, lo que supondrá inexorablemente la anulación de la misma y la imposibilidad de continuar los estudios, al menos mientras las circunstancias económicas familiares no cambien, además de haber tirado por la borda el esfuerzo académico realizado durante el curso", lamenta el Defensor. 

Igualmente, alude a otro dato "preocupante" como es el del número de quienes "no han podido" hacer frente a los pagos fraccionados que acordaron al formalizar su matrícula. "El dato recogido de prensa se refiere a la Universidad Pablo de Olavide, donde la situación habría afectado a 700 estudiantes. En el total de las universidades andaluzas el número de morosos alcanzaría los 5.700 estudiantes", señala, toda que vez que afirma que "los efectos de este impago son los mismos que los descritos anteriormente, produciendo la expulsión del sistema universitario".

Ante esta situación, la Defensoría asegura que algunas universidades "han dado la voz de alarma", tanto por la situación a la que se ven abocados sus estudiantes como por las dificultades de financiación económica que supone para la propia universidad, con algunas propuestas que se refieren "a la flexibilización de los criterios de pago establecidos en el Decreto que anualmente aprueba el Gobierno andaluz por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso siguiente, especialmente por lo que se refiere a la ampliación de los plazos en que es posible efectuar el pago fraccionado"

Igualmente, se refieren también "a la posibilidad de incorporar criterios de progresividad o proporcionalidad en el pago en función de las circunstancias económicas personales, con objeto de evitar la discriminación en el acceso a los estudios universitarios". Asimismo "es de destacar las propuestas que desde algunos sectores se han formulado en cuanto a la posibilidad de preservar los resultados académicos del alumnado que incurran en situación sobrevenida de impago por causas justificadas, condicionando su efectividad al pago de las cantidades debidas en el plazo que así se determine". 

A tenor de las circunstancias expuestas, el Defensor ha considerado "oportuno" promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo. Así, señala que se considera "conveniente" dirigir escrito a las distintas universidades andaluzas para recabar datos relativos al número de personas afectadas, denegaciones de becas producidas, situaciones de impago y anulaciones de matrícula que se hayan producido. 

Asimismo, continúa, "se les requiere información sobre la existencia de medidas excepcionales para atender al alumnado en estas situaciones, ya fuese a través de medidas de flexibilización del pago de matrícula, convocatorias de becas propias, fondos de ayuda social, etcétera, detallando las características, alcance y resultados de las mismas" y "se les han trasladado las propuestas formuladas por algunas universidades para conocer su postura al respecto y requerir otras propuestas que estimen oportuno".

Por otro lado, ve "necesario" plantear la situación a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, a la que corresponde la propuesta de tasas y precios públicos. "En concreto se le ha solicitado una valoración de la situación, se le han trasladado las propuestas existentes y se ha requerido una respuesta ante los problemas expuestos", concluye la queja.