El letrado Alberto Revuelta, que ha sido despedido por Juan José Cortés como abogado de la acusación particular que ejerce la familia en el caso Mari Luz, defendió ayer sus declaraciones sobre la entrevista realizada por un programa de televisión, reiterando que "obtener por vías torticeras declaraciones que sólo deben presentarse ante los jueces y con respeto a las normas debería estar condenado por los tribunales".

Revuelta aseguró el martes, tras la declaración judicial de la esposa de Santiago del Valle Isabel García, que "no hay base jurídica para mantenerla en prisión" y llegó a afirmar que "si fuera el juez de instrucción metería en la cárcel" a los periodistas que la entrevistaron en televisión, lo que motivó que fuera despedido por Cortés.

En un comunicado, el letrado explica que fue requerido por Cortés para que "rectificara" sus declaraciones a los medios por considerarlas "inadecuadas" advirtiéndole de que en caso de "no hacerlo prescindiría de mis servicios como letrado del acusador particular", algo que no aceptó.

Junto a ello, señala que "desde el comienzo de mi trabajo" dejó claro a los padres de Mari Luz que acepta el encargo profesional como letrado de la acusación particular "desinteresadamente" y como "homenaje a Mari Luz, cuya vida y dignidad fue destruida por unos miserables a quienes he acusado ante un tribunal de justicia".

Finalmente, Revuelta se presenta como un "letrado de infantería que discurre por las calzadas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la luz de la Constitución, que prohíben obtener por vías torticeras declaraciones que sólo deben prestarse ante los jueces y con respeto a las normas". "Y que todo lo que no fuere esto, debería estar condenado por los Tribunales. Eso es lo que dije ayer. Eso es lo que digo hoy", añadió el letrado.

Isabel García se acogió el martes a su derecho de no declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, que ha decretado libertad provisional para ella, imputada por el juzgado de Instrucción 43 de Madrid de los delitos de omisión del deber de impedir un delito y por falso testimonio, tras acusar a su marido de la muerte de la pequeña en un programa de televisión.