El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas por tres contratos irregulares otorgados por el Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red por 355.391 euros durante el gobierno del PP presidido por la alcaldesa María José García-Pelayo.

En un auto, el juez da por terminada la investigación de esta pieza del caso Gürtel (paso previo a la apertura de juicio oral) y procesa a cinco funcionarios del Ayuntamiento y a cuatro miembros de la trama por supuestos amaños en la adjudicación de eventos de la feria de Fitur de 2004. En concreto, se investigan tres contratos para el montaje del stand, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas por un precio total de 355.391 euros.

Por estos hechos, el Tribunal Supremo investiga en una pieza separada a la entonces alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en su condición de aforada en ese momento.

En el auto, el juez relata cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad. De hecho, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria turística, afirma el juez, que detalla además que el organismo público que los concedió, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), no tenía competencias para ello.

Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demuestra, según De la Mata que los expedientes "se construyeron" después de Fitur y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

Entre los procesados figuran el entonces secretario del Ayuntamiento de Jerez Manuel Báez y las dos interventoras (María del Milagro Pérez y Milagros Abascal), y José Agüera, director entonces del IPDC, y la técnico municipal Lourdes Montenegro. Se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en "groseras ilegalidades".

También están procesados Isabel Jordán, que administraba varias empresas de Gürtel e interpuso varias denuncias contra los presuntos cabecillas de la red, y Javier Nombela.