El Consejo Consultivo ha dado su aval al Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, aunque con dos votos particulares disidentes y uno concurrente de tres de sus consejeros. Marcar el límite al derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios se convirtió en uno de los asuntos más discutidos por el plenario del Consultivo, quien finalmente decidió avalar la competencia de la Junta de Andalucía para dictar la ley, cuyo procedimiento de elaboración "se ajusta a las normas legalmente establecidas".

En cuanto al contenido del anteproyecto, los miembros del Consultivo formulan en su dictamen "diversas indicaciones" de técnica legislativa encaminadas a una "mejor comprensión" del texto normativo y algunas observaciones destinadas a resolver problemas de seguridad jurídica.

La Ley de Muerte Digna, que tramita la Consejería de Salud, tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el trance de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar.

El anteproyecto regula específicamente el derecho de la persona a formalizar su declaración de voluntad vital anticipada y establece el derecho del paciente a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento específico.