El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva ha imputado al decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (Coiti), José Antonio Melo; al tesorero, S.E.L. y al interventor, B.J.M., en la investigación que lleva a cabo por la desaparición de 700.000 euros de la sede del colegio profesional.

Según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el auto notificado por el juez apunta que estas tres personas podrían haber cometido un presunto delito de comisión por omisión de apropiación indebida, al considerar que, por sus cargos, son responsables de la custodia de los bienes de la institución.

La imputación de la cúpula de la entidad se produce tras la denuncia interpuesta por el que fuera gerente y secretario del colegio, Casto Pino. Su denuncia fue acumulada a la causa por el juez. No en vano, Pino fue inicialmente denunciado por el Coiti por ese presunto desfalco y hasta ahora era el único imputado en esta causa.

En octubre de 2014 el ex secretario denunció a estas tres personas -así como a la jefa en funciones de labores contables, P.R.R, y al propio ente profesional-, manteniendo que la apropiación indebida que se le presume "no puede tener lugar" sin que el propio Melo "incurra en el mismo delito", esta vez en la modalidad de comisión por omisión. Así, acusaba a los denunciados de "pactar evadir su responsabilidad" para criminalizarle.

Previamente (el 9 de agosto de 2013), el Coiti, a través de su decano, denunció a Pino tras conocer el resultado de una auditoría realizada por una empresa externa, ante las sospechas de que pudieron cometerse supuestas irregularidades en las cuentas.

El Coiti decidió entonces acudir a los tribunales, su denuncia fue admitida a trámite y la Policía Judicial inició la investigación. Las pesquisas realizadas por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se centraron en la contabilidad de los últimos diez años, calculando que el fraude puede superar el millón de euros, tal y como ratificó en su momento la Subdelegación del Gobierno.

Casto Pino, su mujer, A.S.N; y el asesor contable, A.G.V, fueron imputados por distintos delitos, como el continuado de apropiación indebida. Pero el ex secretario, además de denunciar después a la cúpula del colegio, el pasado 2 de febrero solicitó a la junta de gobierno del Coiti varias peticiones que también puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción 4.

Exigió a la junta directiva el cese del decano, el despido disciplinario de la jefa en funciones de contabilidad y que la auditoría de facturas y disposiciones económicas se hicieran extensivas a toda la cúpula de la institución y no únicamente a él.

En el escrito enviado al colegio, Pino valoraba que el ente debía hacer extensiva la auditoría al resto de miembros de la junta porque es "subjetivo y parcial" que sólo se investiguen la cuentas que se atribuyen a él. Le resultaba "curioso", al respecto, que la jefa de contabilidad en funciones "tuviese una esmerada y solícita disposición en recabar información y colaboración con el proceso" en lo relativo a los gastos, facturas o disposiciones de efectivo que solo a él se le imputan.

"Presuntamente olvidó hacer entrega, además, de todas las facturas, cargos de tarjeta Visa y las transferencias, supervisadas por el tesorero y firmadas por el decano", manifestó en el documento. Pero, además, el imputado fue más allá y acusó al decano de hacer un uso personal del dinero del Coiti.

Se refería Casto Pino a "información contable relacionada con Melo Mezcua y relativa a sus viajes como "gratificaciones anuales en especies" por la entidad Bankinter a través de su oficina virtual en la sede del colegio a Marrakech, Edimburgo, Estocolmo, Praga, Dublín, Moscú y Roma", así como a "viajes de índole personal" del decano "a Cuba, además de multitud de 'escapadas' por la geografía española como Lanzarote, San Sebastián, Madrid, Málaga y sur de Francia".

Aludía también a "facturas abonadas en metálico o con la tarjeta Visa a nombre del colegio y cuyo titular es José Antonio Melo Mezcua", a las estancias "en hoteles de gran lujo" (mencionaba el madrileño Ritz, el María Cristina de San Sebastián, el Gran Hotel Meliá Salinas de Lanzarote, el Marbella Club, el Puente Romano de Marbella, el Gran Hotel Melía Féix de Madrid o el Meliá Castilla) y a los "almuerzos o cenas en exclusivos restaurantes", entre los que citó al Faro de Banús, La Pesquera, el Goya-Ritz, el Paraíso de Huelva, el Arzak o el Tse-an-Villamagna.