Ciudadanos (C's) reclamó ayer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que "reconsidere" el recorte al programa de orientación laboral para el empleo (Orienta) y aumente los fondos para evitar más despidos en este colectivo.

En la sesión de control al Gobierno ayer en el pleno del Parlamento andaluz, el diputado de C's Carlos Hernández preguntó al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, sobre el recorte de orientadores laborales en la convocatoria para 2015 y 2016, de tan sólo 15 millones cuando este año fue de 30 millones (y de 40 millones en 2013).

Para el diputado de C's se produce una merma en los servicios de orientación laboral que se prestan en Andalucía, lo que afectará a miles de ciudadanos. Hernández White recordó que desde el 15 de septiembre no se presta servicio Orienta en muchos centros y confió en que la Junta reconsidere la situación y aumente la cuantía para estos programas.

Sánchez Maldonado por su parte aseguró que la Junta está haciendo un gran esfuerzo, vinculó los recortes a la diminución de fondos del Gobierno central para políticas activas de empleo en un 85% y garantizó que habrá 359 técnicos para prestar servicios a unos 87.000 demandantes de empleo. "Aquí no va a existir vacío en la atención al desempleo", sentenció el consejero en referencia a las oficinas del SAE.

En la resolución publicada el pasado 21 de octubre, el SAE arrebató a los agentes tradicionales de la orientación para el empleo, los sindicatos y los ayuntamientos, los recursos para prestar estos servicios. De 635 el año pasado a tan sólo 359 técnicos.

Será personal propio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) quienes asuman estas tareas de orientar profesionalmente a los desempleados, como los antiguos Alpes, agentes locales de empleo que fueron despedidos en 2012 y a los que el Tribunal Supremo les está dando la razón en sus demandas.

La orientación laboral en Andalucía ha sido un fiasco en los últimos años. La convocatoria de 2013, por primera vez con concurrencia competitiva, benefició a las entidades multiprovinciales, como los sindicatos, pero de los 40 millones presupuestados sólo se utilizaron 27 millones. La Junta cambió las bases el año pasado para solucionar estas anomalías y restringió la actividad de UGT y CCOO, salpicados por el caso de los ERE o por la presunta falsificación de facturas en el caso de UGT.