No se ha hecho esperar la reacción del Gobierno central a la advertencia de la Junta de llegar a los tribunales si no logran casar las tasaciones de los solares para la liquidación de la deuda histórica. Si el pasado martes era el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, quien suavizaba tensiones mostrando su convencimiento de que habría acuerdo, ayer era el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien reforzaba el mismo mensaje y con contundencia: "El Gobierno cumplirá escrupulosamente el Estatuto de Autonomía y la disposición adicional segunda [deuda histórica]".

Con estas palabras se dan por hecho dos cuestiones: el conflicto quedará resuelto antes del 20 de marzo y "no será necesario" que el Ejecutivo andaluz tenga que acudir a la vía judicial porque se habrán logrado cuadrar las cuentas en especie. En los activos de la sociedad Agesa gestora de la Expo 92 por valor de 300 millones, y en hectáreas para que Andalucía reciba los 484 millones que el Estado le adeuda en terrenos. Pero para que finalmente todo acabe bien, la Junta y el Gobierno tendrán que limar los 100 millones en metros cuadrados que aún les separan.

Ambas partes confían en que será así, porque son demasiados meses dando por concluido este episodio -con campañas publicitarias del PSOE incluidas- y porque se rompería el argumento que siempre han esgrimido para rebatir las críticas del PP al pago en solares : han sido gobiernos socialistas quienes siempre han atendido a esta reivindicación andaluza.

Este "interés máximo" por dar respuesta a un déficit sanitario, educativo y en vivienda de más de treinta años, se encargó de repasarlo Chaves: Felipe González "entregó 20.000 millones de pesetas" como adelanto, aunque el pago lo hizo efectivo posteriormente el PP cuando accedió al poder. Un pago no exento de tropiezos, ya que acusó al ahora presidente del PP-A y entonces ministro de Aznar, Javier Arenas, de oponerse a que se pagara ese dinero a la Junta, pero que hicieron ante la "amenaza de la Junta de llevar a los tribunales". Por tanto, "fue un Gobierno socialista el que inició el pago y será el que terminará el pago de la deuda histórica", zanjó Chaves.

La oposición, sin embargo, no lo tiene tan claro. El PP llevó ayer al Parlamento la propuesta de que la Cámara presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se encontró con el apoyo de IU, pero no con el del PSOE, que tirando de mayoría absoluta, tumbó la iniciativa. Sin embargo, eso no impide al PP mantener por su cuenta la vía judicial abierta: su recurso ante el Tribunal Supremo ya ha sido admitido a trámite, y los diputados en el Congreso tienen encomendado presentar otro ante el TC.

Lo curioso de este caso es que mientras los socialistas daban su no por respuesta, entre 1997 y 1999 hacían todo lo contrario. Con el apoyo de IU y PA fueron quienes promovieron idénticos recursos de inconstitucionalidad, teniendo en contra al PP, que entonces estaba al frente del Gobierno de la nación, y año tras año recogían en los Presupuestos andaluces el dinero que llegaría por este concepto desde las arcas estatales.

En cuanto al pleno específico que se mantuvo en el Parlamento en contra del pago en especie, no se oyó nada distinto a lo que viene diciendo desde que en noviembre la Junta y el Gobierno lo pactaran. El portavoz del PP, Antonio Sanz, no vio más que una sucesión de "mentiras, fraude y engaño político", no ya porque la liquidación no sea en metálico, sino por la "indefinición" de los solares y la necesidad de una tasación independiente a tan sólo quince días de que expire el plazo estatutario, lo que hace, a su juicio, que se tengan "menos posibilidades que nunca de cobrarla". IU barrió para casa, y su portavoz, Diego Valderas, destacó que han sido los únicos han mantenido la coherencia "mientras unos y otros se han bajado de su posición en función del color del Gobierno de España".