El primer ministro británico, David Cameron, ha dado un paso adelante al solicitar un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar del conflicto de Gibraltar. El escenario de ese encuentro puede ser la cumbre del G-20, que empezó ayer en San Petersburgo.

La cita no está cerrada. Las delegaciones española y británica están perfilando la entrevista de ambos mandatarios, que quieren aprovechar su presencia en la ciudad rusa para abordar un contencioso que, más que enfriar, ha llegado a poner al rojo vivo las relaciones entre España y Reino Unido.

Fuentes de La Moncloa confirmaron la intención por ambas partes de celebrar esa reunión monográfica sobre la crisis del Peñón a raiz del lanzamiento de los setenta bloques de hormigón al mar por parte del Gobierno de la colonia y el establecimiento de férreos controles en la Verja a cargo del Ejecutivo español. La reunión entre Rajoy y Cameron será la primera que mantengan ambos después de la llamada telefónica que sostuvieron en agosto pasado, también a iniciativa del premier, y en el que éste se quejó de las largas retenciones que los controles españoles provocan en la frontera con la Roca.

Por otra parte, la Comisión Europea (CE) precisó ayer que el mandato de la misión de expertos que la Unión Europea (UE) enviará a Gibraltar -que todavía no tiene fecha por el desacuerdo entre Bruselas y Madrid- se limitará a "cuestiones de frontera", como los controles fronterizos impuestos por España o el contrabando, y no abordará el lanzamiento de los bloques de hormigón. Bruselas alega que la cuestión de los bloques, que impiden faenar a la flota española, ya está siendo examinado aparte a raíz de la denuncia presentada por las autoridades españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo dijo el lunes que "aquí, o se investiga todo y lo de todos o no vienen a nada".

"El mandato de la misión es muy claro y centrado en cuestiones fronterizas", subrayó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly. La CE, explicó, "está dispuesta a ayudar en lo que considera un problema bilateral entre dos Estados miembros de la UE y estamos dispuestos a aportar nuestro conocimiento, a ir sobre el terreno e incluso a examinar cuestiones más amplias". Pero sólo de forma "legalmente factible según el Tratado".

"El problema medioambiental lo examinaremos, de hecho ya lo estamos examinando, mediante la evaluación de la queja recibida de las autoridades españolas en julio", apuntó Bailly.