Los técnicos de la Cámara de Cuentas que elaboraron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y las concedidas a empresas en crisis entre 2001 y 2010, han ratificado este martes ante la juez que investiga esta macrocausa, María Núñez Bolaños, el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación para el pago de esta ayudas.

La juez Bolaños citó hoy a seis técnicos de la Cámara de Cuentas, en calidad de testigos-peritos, después de que la Audiencia de Sevilla estimara un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de Mercedes Alaya de no admitir esta prueba.

En estas comparecencias, los testigos-peritos han ratificado que por parte de la Consejería de Empleo hubo un “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, que sólo podían utilizarse para equilibrar la cuenta de resultados –de pérdidas y ganancias- del IFA/Idea, pero no para el pago de las ayudas.

Los testigos han destacado igualmente que cada año esas transferencias aparecían en las leyes de Presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento andaluz, y han añadido que los interventores delegados en la Consejería de Empleo y en la agencia Idea tendrían que haber visto los expedientes de pago y haberse opuesto a este procedimiento para el pago de las ayudas.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía fue aprobado por el pleno de la Cámara con los votos particulares en algunos puntos de tres consejeros del PP, y abarca las ayudas socio-laborales y a empresas en crisis concedidas por la Consejería de Empleo y ejecutadas mediante transferencias de financiación y encomiendas de gestión a través del IFA y posteriormente IDEA entre 2001 y 2010, que se elevaron a 709 millones de euros.

Respecto a las transferencias de financiación, que era el instrumento utilizado por Empleo para pagar dichas ayudas, el informe de la Cámara concluyó que, "con independencia de la cobertura dada por las leyes de presupuestos", se ha hecho un "uso inadecuado de esa figura como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar" las ayudas. Con respecto a las ayudas socio-laborales, el órgano fiscalizador sostuvo que el procedimiento para su concesión se ha llevado a cabo al margen de la legislación vigente para este tipo de ayudas y "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, el dictamen apuntó que "con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto" y no se ha exigido ni queda acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos, unas conclusiones que coinciden con las aportadas por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe sobre las ayudas para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Los auditores de la Cámara de Cuentas han detectado en el trabajo de campo irregularidades en un determinado número de beneficiarios de las ayudas socio-laborales que pusieron en conocimiento de Empleo para su verificación. También comprobaron que los gastos externos o comisiones pagadas por las pólizas de los beneficiarios de las ayudas son superiores a la media del mercado.

Asimismo, el órgano fiscalizador indicó que la calificación de las ayudas a empresas como subvención excepcional ha dado lugar "a unabuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión" Esto, según el informe, se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas –como la Sierra Norte de Sevilla-, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido. De todas estas situaciones, la Cámara concluyó que "pueden derivase, entre otras, responsabilidades contables y administrativas".

El informe se refería también a los informes de la Intervención General de la Junta que pusieron de manifiesto "deficiencias en los procedimientos de gestión de los gastos de la partida 31L", y en este sentido la Cámara explicaba que "la ausencia de informe de actuación puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".