La Cámara de Cuentas ha detectado anomalías en la contratación de personal de tres fundaciones públicas dependientes de la Junta. Se trata de Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao) e Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis). Ninguna de ellas, según la Cámara de Cuentas, contaba con la autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la contratación de personal con carácter fijo, indefinido o temporal.

El informe de la institución contable advierte que en 2013 se realizaron contrataciones que no habían sido previamente autorizadas por la Consejería de Hacienda, como era preceptivo. Censura que utilice los contratos por obras y servicios para atender actividades ordinarias. Advierte que estos empleados podrían acudir a los tribunales y conseguir en un pleito judicial ser reconocidos como trabajadores indefinidos. Además, subraya que realiza contratos a través de empresas de trabajo temporal para fichar personal que forma parte de la estructura de la entidad, sin la autorización preceptiva de Hacienda. El informe concreta que la entidad no ha tenido en cuenta las medidas de control del gasto que se establecieron en 2012 .

En el caso de Fisevi y Fimabis, en la contratación del personal de estructura se ha utilizado "indebidamente" el contrato de obras y servicios, ya que este tipo de contratos corresponde con la realización de un proyecto específico de investigación, mientras que las tareas indicadas en el contrato son las ordinarias de administración de la fundación.

"Estos hechos podrían tener como consecuencia, entre otras, la de que este personal adquiriera la condición de indefinido, con posterioridad a un proceso judicial", ha subrayado en su informe la Cámara de Cuentas. El ente fiscalizador ha apuntado que las tres fundaciones no aplicaron las normas dictadas en 2012 por el Consejo de Gobierno y la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta para cumplir con los compromisos adquiridos por la comunidad en materia de reducción del déficit público.

Y ya en 2014 la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda emitió un informe que concluía que el personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de proyectos estaba excepcionado de la medida de reducción de jornada de trabajo con efectos en las retribuciones "por constituir un ámbito excluido y al que resulta inaplicable en virtud de la normativa básica estatal".