Nuevo giro en la investigación de los ERE fraudulentos. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado que se investiguen posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo a la Faja Pirítica de Huelva.En una providencia que tiene fecha del día 4, la magistrada ha ordenado que, a la vista de las diligencias de investigación que viene realizando el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, se libre mandamiento a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Huelva para que “en el menor plazo posible”, indique si por parte del Ministerio de Trabajo “o cualquiera de los departamento que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno”, se solicitaron al INSS los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

La instructora quiere sabe si se realizó o no dicha solicitud en los años 2003 y 2004, y ordena además que esa información se entregue “directamente en mano” a los agentes de la Guardia Civil.La providencia de la juez María Núñez Bolaños se ha dictado tras un oficio remitido por los investigadores de la Guardia Civil, en el que el instituto armado recuerda que viene desarrollando una “línea de investigación” sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación, en relación con las subvenciones para el pago de las pólizas de prejubilación que concedió el Ministerio de Trabajo para los mineros mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva. “En concreto, se ha detectado como la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera arbitraria los listados de edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años, pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinada dicha edad bonificada era el INSS, que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo y, sin embargo, no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”, asevera la Guardia Civil en su informe remitido a la juez.

Los agentes subrayan que el pasado 19 de agosto solicitaron a la directora del INSS en Huelva que informa sobre si el Ministerio de Trabajo había solicitado los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis en los años 2003 y 2004, pero “habiendo dejado pasa un tiempo prudencial desde su petición, esta unidad ha requerido a dicha institución la información solicitada, informando la misma de manera verbal que no tenían intención de contestar al requerimiento” y remitiendo a los agentes a la autoridad judicial.

Según la Guardia Civil, esa información permitiría determinar “cómo ocurrieron los hechos, dado que en la actualidad se barajan dos posibles hipótesis, ambas con posible reproche penal”, advierten. La primera hipótesis, continúa el informe policial, se basa en “pensar que por parte del Ministerio de Trabajo no se solicitó en ningún caso dichos coeficientes, pudiéndose deber a que tenía conocimiento por informes anteriores de la propia INSS de que había importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios y como consecuencia nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”.

La segunda posibilidad, precisa la Guardia Civil, consistiría en que por parte del Ministerio “sí se solicitaron dichos listados, y al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”.

De ahí que la Guardia Civil solicitara a la juez que dictara un “auto” para que la Seguridad Social en Huelva entregara la información solicitada “en mano” y en el “menor plazo posible”, petición a la que ha accedido la instructora.