La juez María Núñez Bolaños, que investiga el fraude en los cursos de formación, ha archivado de forma provisional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y a la espera de que lleguen unos informes, cuatro de las nueve piezas en que se dividió la causa de los cursos de formación, en concreto la que afecta al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, la del empresario José María Pérez González y la de los consorcios de formación CTI y Forman, según han confirmado fuentes judiciales, que han aclarado que el sobreseimiento es provisional y para que no corran los plazos previstos en la nueva redacción del artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En sendos autos, la instructora ha decidido declarar como causa de “especial complejidad” la investigación que afecta al ex dirigente socialista andaluz y, a la vez, ha acordado el archivo provisional, han explicado las fuentes, que han recordado que los nueve bloques de piezas en que se ha dividido el caso de los cursos de formación están en la actualidad pendiente de “recibir informes y documentos”, de ahí que se haya optado por el archivo provisional para que no corran el plazo de 18 meses de instrucción que lleva aparejada la declaración de causa de especial complejidad, aunque también pueden solicitarse sucesivas prórrogas por el mismo tiempo. La decisión se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito puso de manifiesto que en tanto no se realice el estudio relativo a las subvenciones de las que fue beneficiario el “entramado del señor Velasco”, debe decretarse ese sobreseimiento provisional.

El PP, que ejerce la acusación popular, se opuso a la petición del Ministerio Público, al considerar que es “contrario a la lógica jurídica e incongruente haber incoado recientemente las presentes diligencias, solicitar la declaración de especial complejidad de la causa porque la misma recae sobre grupos u organizaciones criminales, tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucran a una gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial…” y en el mismo escrito “interesar el sobreseimiento provisional”.

Para el PP, lo “procedente” hubiera sido que la Fiscalía instara al juzgado a librar “mandamiento urgente a los funcionarios designados para la elaboración de los informes requeridos para que los emitieran y remitieran al juzgado en el plazo perentorio de diez días, dado que ha transcurrido casi un año desde que fueron requeridos para ello, o como interesa esta parte, se deje sin efecto el auto de 10 de abril de 2015, se orden a la UCO que requisen nuevamente los expedientes de la Dirección General de Formación para el Empleo para su entrega a los peritos interventores y auditores”.

En concreto, la juez Bolaños ha acordado el sobreseimiento provisional remitiéndose al artículo 324.3, que establece que los plazos previstos para la instrucción (seis meses para las causas ordinarias y 18 meses para las complejas) quedarán interrumpidos en dos supuestos: “en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo, o en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa”.

Este artículo de la Ley de Enjuiciamiento añade que cuando “se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuará la investigación por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prórroga prevista en el apartado siguiente”.

La magistrada ha acordado declarar compleja la instrucción de otras dos piezas de la causa sobre irregularidades en los cursos de formación de la Junta, en concreto, las referidas al entramado empresarial vinculado al imputado desde 2014 Rafael Velasco Sierra, ex vicesecretario general del PSOE-A, y al del también investigado desde la misma fecha José María Pérez González, a los que se atribuye un delito de fraude de subvenciones.

La juez, atendiendo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y en un auto que tiene fecha del 7 de marzo, ha declarado complejas estas dos piezas debido a la abundante documentación existente sobre la gestión llevada a cabo por los investigados, documentación que debe ser examinada y que se presume no podrá completarse en el periodo ordinario de seis meses. La declaración de complejidad implica que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dispone de un máximo de 18 meses para poder realizar la investigación de los hechos presuntamente delictivos.

Con la declaración de complejidad de estas dos nuevas piezas, seis de los nueve bloques en los que se dividió la causa de los cursos tienen ya esta consideración. La semana pasada, Bolaños declaró

de "especial complejidad" la instrucción de tres piezas, las relacionadas con los consorcios de formación Ciomijas, CTI y Forman, y en febrero pasado, la magistrada adoptó la misma decisión con respecto a la pieza de los directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con lo que ya se ha declarado la complejidad de seis de los nueve bloques en los que se ha dividido la macrocausa de los cursos de formación.

La decisión de la juez se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por ahora quedaría por declarar la complejidad de la investigación del consorcio Formades, de la pieza que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y la vinculada con los grupos de empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

En un escrito fechado el 9 de diciembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración de complejidad porque entiende que la causa de los cursos reúne los requisitos que establece el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal recordaba que, según la ley, se considerará que la investigación es compleja cuando "recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a una gran cantidad de investigados o víctimas; y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; o se trate de un delito de terrorismo".

A tenor de estos elementos, la Fiscalía concluye que la investigación de los cursos de formación presenta "todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial los cuatro primeros apartados y particularmente el quinto, ya que la misma se refiere a la revisión de la gestión de la entidad, lo que implica una labor revisora y de análisis especialmente complejo".

El 23 de diciembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó la separación de la investigación de los cursos de formación en nueve grandes bloques de piezas separadas. La instructora consideró que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debía separarse de la investigación realizada por las ayudas a Delphi, y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.

De otro lado, la magistrada ha citado a declarar el próximo 28 de abril, en calidad de investigados, al jefe se servicio de Formación en Cádiz Antonio Juan Vidal Agarrado y al director general de Formación José Gutiérrez Muñoz, declaraciones que fueron solicitadas por ambos imputados.

La instructora, dentro de la pieza separada del SAE, también ha citado a declarar como testigos a los interventores del SAE de las ocho provincias andaluzas entre los días 5, 7 y 21 de abril, y el día 28 de abril también comparecerá como testigo Julio Coca Blanes, actual director-gerente del Servicio Andaluz de Empleo.