El caso Ballena Blanca ha concluido la fase de cuestiones previas. El tribunal se retiró a media mañana de ayer a deliberar con el compromiso de comunicar cuanto antes a los abogados de los 19 acusados de blanqueo de capitales de procedencia ilícita la resolución que adopten ante los asuntos planteados en torno a la vulneración de derechos fundamentales durante la investigación del procedimiento.

No obstante, la sala aplazó el juicio hasta las 9:30 de hoy, momento en que está previsto que se reanude la vista. De acuerdo con la información proporcionada a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante la sesión de hoy podrían comenzar las declaraciones de los imputados.

La sesión de ayer se había previsto para que las partes personadas en la causa solicitaran o aportaran nuevas pruebas después de haber tenido un plazo de un mes para analizar 603 archivadores con 200.000 folios obtenidos fundamentalmente en los registros domiciliarios y que no figuraban junto al resto del procedimiento.

No obstante, casi ningún letrado hizo uso de esta oferta del tribunal. Únicamente el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero entregó las normas de reparto que regían en los juzgados de Marbella en 2005, previsiblemente para hacer frente a las acusaciones de los abogados de que el juez Miguel Ángel Torres se apropió de una investigación que formalmente no le correspondía. Además, la letrada de la Agencia Tributaria aportó pero solo a efectos informativos una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que ratifica la legalidad de la detención de la notaria Amelia Bergillos, también imputada en esta causa.

Por parte de las defensas sólo algún letrado intervino, como fue el caso del abogado Javier Sepúlveda para entregar escrituras de una hipoteca que pesa sobre una vivienda supuestamente adquirida con capitales blanqueados e instar documentación procedente de los 200.000 folios analizados a última hora por las partes.

El principal acusado en el caso Ballena Blanca es el abogado Fernando del Valle, al que la Fiscalía acusa de crear estructuras de ocultación de capitales de origen ilícito.