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Caso de los ere

La Audiencia reprende a Alaya por ocultar a las defensas declaraciones policiales

  • El tribunal sostiene que la juez ha podido "conculcar el derecho de defensa" por no entregar a los abogados todas las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil.

Un nuevo reproche de la Audiencia a la instrucción de los ERE fraudulentos por parte de la juez Mercedes Alaya. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha ordenado a la instructora que requiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la “entrega inmediata de la totalidad de las declaraciones” que están en poder de este cuerpo policial y, en concreto, la de 13 personas entre las que destacan altos cargos de la agencia Idea, algunos de ellos también imputados en la causa.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por los abogados de cuatro ex altos cargos de la Junta –los ex directores de finanzas de Idea Pablo Millán y Juan Vela, y los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera- y ha revocado parcialmente un auto de Alaya de 7 de febrero en el que la magistrada aceptó que se entregaran sólo dos de las 15 declaraciones –tres de imputados y 12 de testigos- que habían reclamado estas defensas.

En un auto que tiene fecha de este viernes, la Audiencia muestra en primer lugar su “extrañeza” por la “contradicción en la que ha incurrido la magistrada instructora”, pues en un auto anterior de noviembre de 2013 ordenó a la UCO que remitiera las declaraciones prestadas en esa unidad que está actuando con funciones de Policía Judicial, y en el auto del pasado 7 de febrero “justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones, bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012”.

La resolución de la Audiencia es clara y rotunda al afirmar que no traer al procedimiento de los ERE esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en otro auto, “no sólo incumple el principio de publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias de procedencia, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados”.

El tribunal recuerda que en esta causa “tan prolija” se están investigando, entre otros, la comisión de posibles delitos cometidos por altos cargos de la Junta y del IFA/Idea, estando ya imputados personas que tuvieron cargos de relevante responsabilidad política y administrativa por su posible participación en estos delitos. Los magistrados añaden que todas las personas que ya han prestado declaración ante la Guardia Civil han ostentado altos cargos en estos organismos o en consejerías de la Junta, por lo que “el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no incorporadas a las presentes diligencias previas pudieran pesar sobre los ya imputados”.

El auto de la Audiencia concluye, por consiguiente, que la falta de incorporación de esas declaraciones “pude conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciado conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La Sección Séptima de la Audiencia dedica una buena parte del auto a recordad que la Policía Judicial está “obligada a seguir las instrucciones” de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en su función de auxilio al poder judicial y a la Fiscalía, de acuerdo con las normas constituciones y las leyes de Enjuiciamiento Criminal, del Poder Judicial e incluso en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece la dependencia funcional de la Policía Judicial a los jueces y fiscales.

La defensa acusó a la juez de “inquisitorial” por mantener la instrucción a espaldas de los imputados

La defensa de dos ex directores generales del Instituto de Fomento (IFA) acusó a la juez Mercedes Alaya de mantener la instrucción del caso de los ERE “a espaldas de los imputados” por no entregar a los abogados todas las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil por los distintos implicados, una actitud que el letrado Antonio Jesús Uceda consideró que era más propia de un “sistema inquisitorial”.

Alaya justificó la medida en que sólo se habían incorporado aquellas declaraciones prestadas en sede policial por “personas que estaban convocadas para recibirles declaración judicial” y acordó que el resto se aportaría por la Guardia Civil con el atestado policial relativo al funcionamiento del IFA/Idea. El letrado argumentó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reitera que el artículo 24 de la Constitución Española “prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se haya fraguado a sus espaldas”.

Para la defensa, Alaya pretende “seguir ocultando a las partes las declaraciones que obran en poder de la UCO, con el pretexto de que así se cumplen los criterios operativos fijados por el juzgado”, por lo que denunciaba que se estaba generando indefensión, una postura que ha sido refrendada ahora por la Audiencia. “La realización de la instrucción a espaldas de las partes, sin conocimiento ni intervención de las mismas, es absolutamente incompatible con el procedimiento penal que rige en nuestro país y en los países de nuestro entorno cultural, y resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos suponer erradicado”, señaló el letrado, que considera además que supone “la vuelta a un procedimiento arcaico” porque, prosigue, se trata de “privar a los imputados de un derecho que se estableció hace más de 130 años”. El letrado alude a que ya en la exposición de motivos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, redactada en 1882, se establecía como una de las medidas esenciales la “intervención del procesado en todas las diligencias del sumario tan pronto como el juez estime que la publicidad de las actuaciones no compromete la causa pública ni estorba el descubrimiento de la verdad”.

En la misma línea que este letrado se pronunció en su momento el abogado José María Mohedano, que defiende a los ex directores general de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, quien afirmó que “las declaraciones continúan desconocidas u ocultas y las partes no pueden acceder a las mismas para preparar la imprescindible defensa de los intereses de sus defendidos”. Mohedano compara esta situación con la de un “dilatado secreto de las actuaciones que la Policía practica de forma autónoma” que, según denuncia, “se repite a lo largo de la instrucción, casi desde sus inicios y que perjudica a veces de manera determinante la defensa de los imputados, con grave vulneración del contenido esencial del artículo 24 de la Constitución Española”.

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