TRIBUNALES

El CGPJ inspecciona a los jueces que denunciaron sus riesgos de salud laboral

  • Se espera una avalancha de 130 macrocausas

  • Tres Audiencias andaluzas, entre las ocho más colapsadas de España

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho una inspección a las cuatro salas de lo Penal de la Audiencia de Sevilla cuyos jueces denunciaron en febrero los riesgos de salud laboral que padecen derivados de la sobrecarga de trabajo.

Una magistrada y una secretaria judicial, miembros del Servicio de Inspección del CGPJ, escucharon una queja unánime de los 21 magistrados afectados: su carga de trabajo está por encima de los módulos fijados por el propio CGPJ y se verá agravada en los próximos meses por la avalancha de al menos 130 macrocausas derivadas de los ERE y el caso Invercaria.

La inspección fue consecuencia de la denuncia presentada el 6 de febrero por 20 de los 21 magistrados penales sevillanos ante el Servicio de Seguridad y Salud del CGPJ por lo que consideraban un “riesgo para su salud física y psicosocial”.

La primera inspección, llevada a cabo el 5 y 6 de marzo en las Secciones Primera y Séptima, estaba señalada de antemano pero, tras la denuncia, de acordó otra para este mes de mayo en las Secciones Tercera y Cuarta. Fijada en principio para el 22 de mayo, coincidiendo con la huelga de jueces, la inspección se llevó a cabo finalmente los días 23 y 24. 

Fuentes judiciales han dicho a este periódico que los magistrados insistieron a las inspectoras en la urgente necesidad de ampliar su plantilla y ellas respondieron con un único argumento de que todos los tribunales penales de España están saturados en este momento.

Los magistrados de la Sección Cuarta cifraron la necesidad de refuerzos en tres salas nuevas con cuatro jueces cada una y la Sección Tercera situó sus demandas en una sala nueva o al menos un juez más en cada una de las cuatro secciones existentes.

Un informe entregado a las inspectoras por el magistrado Francisco Gutiérrez sitúa a tres provincias andaluzas (Córdoba, Sevilla y Málaga) entre las ocho más sobrecargadas de Españay con el cuádruple de casos por juez que la Audiencia menos colapsada  (San Sebastián).

Así, Córdoba tuvo en 2017 una media de 512 asuntos por juez, Sevilla de 467 y Málaga de 452 casos por magistrado, frente a una media para España de 434 casos. 

Las cuatro salas penales sevillanas han comenzado ya a recibir macrojuicios una vez concluida  su fase de instrucción. Las previsiones más optimistas sitúan el total en 130 y otras apuntan a un mínimo de 200 solo en sumarios de los ERE. 

El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de ayudas en los ERE se celebra estos días y durará más de un año. El primer sumario sobre las irregularidades en la empresa pública Invercaria, cuyos miles de folios se amontonan en un despacho de la Sección Cuarta a la espera de fijar fecha para el juicio, se prolongará seis meses. 

En este momento las secciones penales está celebrando sus juicios un año y medio después de recibir el sumario, lo que en ocasiones obliga a aplicar a los condenados la atenuante de retrasos en la administración de Justicia. 

La respuesta del CGPJ a los jueces sevillanos se conocerá en unas semanas, y mientras tanto el informe -de medio centenar de folios- ya entregado sobre la Sección Primera concluyó que “ponderando todos los parámetros, la situación es correcta” en su funcionamiento.

La inspección consistió en una supervisión de los sumarios abiertos, su tramitación y gestión informática, seguida de una entrevista con los funcionarios y con los jueces.

El problema de incorporar más jueces sin crear salas nuevas es que un solo letrado de la administración de justicia (antiguo secretario judicial) y los mismos funcionarios deben validar y tramitar el trabajo de un número creciente de magistrados, lo que conlleva descontento de los colectivos afectados.

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