El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó ayer al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, a pagar una multa de 6.840 euros por un delito grave de injurias al Rey, cometido en abril de 2008 cuando, en una charla ofrecida en Los Barios y organizada por el Ateneo Republicano, calificó al monarca español de “corrupto” e “hijo de un crápula”, entre otros, y le atribuyó una “acostumbrada vinculación etílica”. El primer edil, que estaba “alegre pero condenado”, negó que, con estas expresiones, hubiera pretendido insultar a don Juan Carlos I, y anunció que recurrirá la sentencia.

En su calidad de presidente del tribunal, el magistrado José María Vázquez Honrubia adelantó ‘in voce’ la sentencia –dentro de unos días la hará pública al completo– y consideró que Barroso se excedió “y mucho en la crítica política” a la que todo ciudadano tiene derecho y cayó en el “insulto personal”.

En su opinión, el acusado violó “los tres parámetros que distinguen la crítica del insulto: la privacidad (le llama “hijo de un crápula”, insultó a su padre y a su esposa); la literalidad y la innecesariedad”. “El Código Penal establece dentro de los delitos contra la Corona que el Rey representa el Estado constitucional, y usted está insultando a esa figura fundamental para el mantenimiento de la democracia”, sentenció Vázquez Honrubia, que condenó al alcalde de Puerto Real a pagar una multa de 6.840 euros (18 euros por día durante doce meses), casi 4.000 menos de los que solicitó Pedro Rubira, representante del Ministerio Fiscal.

Inicialmente, apoyando las tesis del fiscal, el magistrado rechazó las consideraciones previas planteadas por el abogado defensor, el dirigente de IU Enrique Santiago –también estuvo presente la letrada Amanda Meyer–, que pretendió fundamentalmente la nulidad de las actuaciones en base a la vulneración del artículo 14 de la Constitución que regula el principio de igualdad. A juicio de Santiago, su defendido sufrió discriminación al haber actuado la Fiscalía contra él y no contra otras personas que utilizaron calificativos similares contra el Rey en distintas publicaciones. Entre otros, citó a Jesús Cacho, Amadeo Martínez Inglés y José García Abad.

Acto seguido, tras identificarse ante Vázquez Honrubia, Barroso se sometió a las preguntas del fiscal y se ratificó en sus críticas pero dejando claro que se produjeron en “un contexto político”. Defendió que, desde “mis convicciones republicanas y comunistas, la injuria está fuera de mi práctica política en contra de lo que es común en esta democracia de filibusteros”. Además, aseguró que no sabía que en el acto hubiera periodistas. “Había una cámara muy doméstica, y no conozco a los periodistas del Campo de Gibraltar”, explicó Barroso, que se refirió también a que “los medios cortesanos que edulcoran la imagen del Rey” no suelen cubrir los actos de reivindicación republicana.

Posteriormente, el alcalde de Puerto Real contestó a su abogado que en el acto de Los Barrios se refirió al Rey sólo “durante tres minutos”, y defendió que todo lo que dijo “está publicado en los libros”. “Pensaba que era conocido por todos”, alegó.

Tras los interrogatorios, el tribunal pudo oír –no sin ciertas dificultades– parte del audio de la intervención de Barroso en el acto de conmemoración del septuagésimo séptimo aniversario de la II República que se celebró en la Casa de la Cultura de Los Barrios. Entre otras cosas, criticó “la condición deleznable” de don Juan Carlos y de su padre, el conde don Juan, al que calificó de “persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable, (aunque) no menos licenciosa que la de su esposa”. También aludió a “la acostumbrada vinculación etílica” del Rey, lo situó entre los “adeptos al golpe” (del 23-F) y se mostró a favor de aplicarle la Ley de Extranjería.

“El Borbón forma parte de la parte más oprobiosa de la Historia de este país, es algo de lo que nos debemos avergonzar, y al Borbón, aunque lo colguemos de los intestinos de los obispos, lo tendremos que echar, más temprano que tarde, de forma democrática”, manifestó en Los Barrios. Vázquez Honrubia cortó el audio cuando Barroso relataba los éxitos de la II República. “Vamos a omitir los éxitos de la República”, espetó.

Sobre estas manifestaciones, Rubira elevó a definitiva la petición de 10.800 euros de multa, y explicó que lo que se estaba juzgando “no es la legitimidad de la República o de la Monarquía, sino unas manifestaciones injuriosas, un exceso a la libertad de expresión”. En base al Derecho Internacional, el fiscal defendió un mayor margen de libertad de expresión para los políticos, pero insistió que Barroso se excedió y cayó en “el insulto vulgar y soez”. “¿Es necesario para defender la legitimidad de la República insultar al ciudadano Borbón?, se preguntó Rubira, que rechazó “el insulto personal para defender una idea”. Por último, el fiscal advirtió al tribunal de que si no se condenaba a Barroso, “este tipo de delitos contra el Rey quedarán impunes”.

Por su parte, el defensor del alcalde de Puerto Real pidió la absolución de su cliente por entender que prevalecía el derecho a la libertad de expresión. “Las declaraciones no han supuesto ningún tipo de ofensa ni agresión. Las críticas no iban contra el actual jefe de Estado, sino contra la dinastía borbónica y eso no se puede censurar”, sentenció.

En su alegato final ante el tribunal y su posterior comparecencia en el exterior de la Audiencia, Barroso defendió que no es “ni un exaltado ni un lerdo” porque tiene capacidad para interpretar “adecuadamente” lo que sucede a su alrededor. Además, dijo que tampoco es un “lacayo”, porque no se somete a la exigencia de la dinastía, ni un “cortesano”, porque no aplaude “la visión edulcorada y catódica que no se corresponde con el honor que tiene que tener la Jefatura de Estado”.

Asimismo, el primer edil gaditano reprobó la “inimputabilidad del Rey y la indefensión que provoca el Código Penal a quienes quieran demostrar cualquier imputación contra el Rey. “Hoy se ha visto que no se puede demostrar nada contra el monarca. Se genera inmunidad, impunidad, opacidad y corruptela”, agregó.

Barroso concluyó asegurando que “más pronto que tarde, los pueblos de España conocerán todo y lo juzgarán”.