El presidente del PP-A, Javier Arenas, advirtió ayer que el Gobierno central y la Junta tienen una "agenda B" frente a la situación de crisis económica, que conlleva "sacrificar" la aplicación de la ley de dependencia, dado que, según apuntó, se va a producir "prácticamente un cierre" a nivel nacional y andaluz. Durante su intervención en la reunión de la junta directiva regional de su partido, Arenas dijo que si en 1993 se recortaron las prestaciones por desempleo y en 1996 el PP llegó al Gobierno con la Seguridad Social "en quiebra", en esta ocasión, "lo sacrificado será la ley de dependencia".

El líder de los populares andaluces afirmó que la sociedad andaluza pasa por momentos "muy complicados" como consecuencia de la situación económica y que la Junta tiene una "estrategia" que consiste en "vender la recuperación económica, cuando lo único que hay es estancamiento y crisis".

"Su estrategia pasa también por parar las inversiones, incrementar el gasto corriente y poner en marcha su agenda B", afirmó Arenas, quien destacó que Andalucía tiene en la actualidad una deuda de 20.000 millones, que supondría 2.500 euros por habitantes y que se ha triplicado en los últimos tres años. El dirigente popular consideró que los Presupuestos de la comunidad nada tienen que ver con la realidad y que entre 2006 y 2009 las operaciones corrientes se han incrementado en 5.000 millones, reduciéndose las inversiones en 3.200 millones. "Ha crecido el gasto en personal y se han reducido las inversiones en agricultura, obras públicas, innovación o empleo", apostilló.

Arenas, que criticó que la Junta se "escude" en otras comunidades autónomas para hacer comparaciones económicas, destacó que las tres regiones españolas con más paro están gobernadas por el PSOE y no han protagonizado ningún cambio político. En concreto, se refería a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Arenas insistió en que todas las comunidades autónomas tendrían que realizar auditorías para analizar qué "costes" tienen las oficinas en el exterior y qué "beneficios" reportan a las distintas regiones.

Desde el Gobierno andaluz, su consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, recordó al Ejecutivo central que "no tiene sentido" aplicar el criterio de población de las comunidades a la hora de financiar la Ley de Dependencia. La Junta insiste en reivindicar "lo que es de sentido común": el desarrollo de la norma y el reconocimiento de los dependientes como criterios fundamentales en la financiación de los recursos.