Cada seis meses, los cargos públicos del PP (concejales; diputados provinciales, autonómicos y nacionales; senadores, y eurodiputados) deberían rendir cuentas de su gestión ante el máximo órgano del partido a nivel provincial, la junta directiva y, una vez al año, se someterían a las preguntas, quejas o sugerencias de todos los afiliados de su ámbito territorial. Los informes serían vinculantes, ya que el Comité Electoral Nacional tendría en cuenta el trabajo de los cargos que deseen repetir alguna candidatura.

Las enmiendas del PP-A a la ponencia de estatutos del congreso nacional del PP en junio persiguen una mayor relevancia y participación del aparato local y provincial del partido. A la obligación de los cargos públicos, al igual que tienen los militantes, las restantes enmiendas recogen la creación de un Comité de Alcaldes; la participación de los alcaldes de poblaciones superiores a los 50.000 habitantes en las Juntas Directivas Regionales del partido y que la Secretaría Nacional de Atención al Afiliado se incorpore al Comité Ejecutivo Nacional.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, presentó ayer las 37 enmiendas aprobadas por el Comité Ejecutivo Regional para "enriquecer" las ponencias que el partido debatirá en el congreso de Valencia y esperó "comprensión" de sus compañeros de partido para que se incluyan. Al margen de las presentadas por el partido, Arenas insistió en que los compromisarios pueden presentar con "total libertad", a título personal, enmiendas propias.

El mayor número de enmiendas del PP-A, veinte, se han presentado a la ponencia política. Una de ellas aboga por la modificación de la Ley Electoral para que gobierne en las instituciones la lista más votada. Arenas lamentó el "fracaso" de las coaliciones de PSOE e IU en los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba o Jaén, cuando se cumple un año de las elecciones municipales, y la "asfixia económica y financiera que padecen los ayuntamientos".

Entre las enmiendas figura un mayor compromiso con el Pacto Local y, sobre temas concretos, introduce en la ponencia política el derecho de todos los españoles a disfrutar del agua que sobre en cualquier territorio. También la defensa de la soberanía española sobre Gibraltar y la necesidad de pactos en educación y sobre la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia.

Entre las 12 enmiendas a la ponencia económica, hay una encaminada a que las administraciones públicas adopten planes de austeridad ante la "crisis". Sobre el debate de la financiación autonómica, el PP-A quiere que se incluya expresamente que no puede haber merma alguna en el Fondo de Suficiencia y que se duplique el Fondo de Compensación Interterritorial, así como que todas las comunidades autónomas tengan la garantía de que recibirán los fondos que se consignaron en su día por el Estado para inversiones que luego no se han ejecutado, como tiene garantizado Cataluña.