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Andalucía

El ex consejero Antonio Fernández defiende que no intervino en el ERE de Egmasa

  • Declara que la competencia para la autorización de las prejubilaciones corresponde al ex director de Trabajo Javier Guerrero

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha vuelto este martes a declarar en el juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos, en la que es su sexta declaración en esta causa, y en la que ha defendido que no tuvo ninguna intervención en el ERE de Egmasa, por el que se le ha ampliado la imputación.

 

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo, ha explicado a los periodistas que Antonio Fernández ha declarado que no tuvo “ninguna participación” en el ERE de Egmasa, donde tenía “cero competencias” y tuvo “cero intervención”.

 

La juez le citó a declarar como investigado porque entiende que primero como viceconsejero y posteriormente en calidad de consejero pudo tener conocimiento de las ayudas y de sus eventuales irregularidades. Antonio Fernández, que ha declarado por espacio de unos veinte minutos, ha alegado que la competencia para formalizar el ERE era del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y ha precisado que esa ayuda para las prejubilaciones de 373 trabajadores de Egmasa ni siquiera la conoció, al tiempo que ha añadido que el procedimiento de concesión de las ayudas era “universalmente conocido” en la Administración andaluza, incluso por la intervención delegada en la Consejería y la propia Intervención General de la Junta.

La juez también había citado este martes a declarar a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, ninguno de los cuales ha comparecido porque el abogado del primero, Fernando de Pablo, ha sufrido un accidente de tráfico, mientras que el segundo no lo ha hecho por el fallecimiento ayer de su padre, por lo que ambas declaraciones se han aplazado. También estaban citados hoy el ex director de finanzas de Idea Juan Vela y la ex asesora de Empleo María José Rofa.

La magistrada destacó en el auto que imputó a 16 personas que todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajo en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa, en donde a la fecha el ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años".

Bolaños explicó que "sin solución de continuidad", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2004, aprobando la extinción de las relaciones laborales de esos 373 trabajadores.

En octubre de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre Guerrero y el responsable de la empresa Eginasa, Javier Serrano Aguilar, por el que la dirección general de Trabajo se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a aportar para el mismo fin 2.404.048 euros. El importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucía para el pago de la indemnización por despido colectivo de estos trabajadores a través de un plan de rentas ascendió, al menos, a 21.673.680 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde 2004 hasta 2010 por la agencia IDEA suman 16.069.391,88 euros, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados a IDEA por los sucesivos directores generales de Trabajo durante los años respectivos.

Dice la magistrada que la ayuda se dio con el "conocimiento y consentimiento tanto del entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran respectivamente presidente y vicepresidente del IFA".

La juez María Núñez Bolaños ha acordado que a partir de esta declaración, además de grabarse la comparecencia de los imputados, se volverá a levantar una acta escrita por parte de la secretaria judicial.

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