Juan Antonio Roca vuelve mañana al banquillo de los acusados del caso Malaya para responder por el presunto cobro de sobornos a los empresarios que tenían intereses en Marbella y por los supuestos pagos que realizaba a los concejales del GIL para que tomaran sus decisiones conforme a los intereses de esos empresarios. En definitiva, a partir de mañana se empezará a analizar el juicio la corrupción político urbanística que presumiblemente implantó el Grupo Independiente y Liberal (GIL) en Marbella. La vista oral se reanudará con el interrogatorio a Juan Antonio Roca, el otrora poderoso hombre del urbanismo de Marbella, considerado por la Fiscalía Anticorrupción el maestro de orquestas de una trama que supuestamente se movía a golpe de billetes: dinero para edificar en un municipio víctima de una normativa urbanística concienzudamente disoluta y dinero para permitir que se edificara. Eran los años de los añorados pelotazos inmobiliarios. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que juzga este asunto comenzó la vista oral el 27 de septiembre de 2010 por bloques, agrupando delitos y procesados de forma muy organizada. Así se han analizado fundamentalmente las acusaciones por blanqueo de capitales. Ahora, se abordarán todos los delitos de cohecho a la vez.

Este bloque comenzó con 53 acusados, entre ellos 31 empresarios y directivos de empresas, tres alcaldes (Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones) y cuatro empleados públicos (secretario municipal, jefe de la Policía Local, tasador municipal y funcionario de Justicia), además del propio Juan Antonio Roca. Sin embargo, el 17 de octubre Malaya dio el campanazo: Ismael Pérez Peña, viejo amigo de Jesús Gil y adjudicatario del suministro de vehículos municipales en la Marbella de aquellos tiempos selló un pacto con la Fiscalía, admitió que había pagado 180.000 euros en un soborno que salpicaba a Roca, Marisol Yagüe, su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, al concejal José Jaén y al secretario municipal Leopoldo Barrantes y que había regalado varios coches a la antigua alcaldesa.

El empresario pactó con la Fiscalía Anticorrupción aceptar una condena de dos años y tres meses de prisión, sustituible por una pequeña multa, y el pago de una sanción de 200.000 euros. El acuerdo también contemplaba la retirada de los cargos contra su hijo, también procesado en la causa. Y de forma paralela una condena menor para otro empresario también involucrado en aquella operación. Este acuerdo ha puesto de manifiesto el interés de la Fiscalía Anticorrupción de negociar condenas a la baja que garanticen el cobro de las multas a los procesados que admitan hechos que permitan atar la acusación contra terceros. En contrapartida sienta un precedente que expertos consideran vinculante porque entienden que a partir de este momento no se podrán exigir penas superiores para quienes hayan cobrado los cohechos o estén procesados por hechos similares.

Aquel acuerdo hizo prever nuevos pactos, pero las siguientes sesiones se desarrollaron con normalidad hasta que se suspendió el juicio el pasado 27 de octubre.