La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla que anule la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones que impuso la juez Alaya a la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez y ha mostrado su adhesión al recurso que contra la imposición de esta medida cautelar real presentó la defensa de la imputada, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público.

La ex consejera declaró una primera vez ante la juez Alaya el 8 de octubre y en esa comparecencia la Fiscalía no solicitó la imposición de ninguna fianza civil para el ex ministra de Fomento, por lo que ahora ha mostrado su adhesión al recurso presentado por el abogado de Magdalena Álvarez. La defensa recurrió al entender que se trataba de una fianza "abusiva" y "presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional".

La juez Mercedes Alaya dijo cuando le impuso la fianza de 29.568.129,20 euros que había tenido en cuenta que el "fumus bonis iuris" (o aroma de buen derecho), que tan sólo exige la apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los inculpados y, en este sentido, consideró que esa apariencia "resulta con claridad de los hechos indiciaria y extensamente expuestos en su imputación judicial previa a su declaración, de la que cabe deducir la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan".

La instructora afirmó entonces que los inculpados, entre ellos Magdalena Álvarez, en virtud de los cargos que ostentaron y durante el tiempo que prestaron servicios en la Consejería de Economía "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011".

De otro lado, la defensa de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera ha solicitado a la juez Alaya que suspenda la declaración de ambos ex altos cargos, prevista para el próximo 12 de mayo, tal y como ha planteado la Fiscalía Anticorrupción, y ha pedido una vez más a la instructora que remita la causa de los ERE al Tribunal Supremo "sin más óbices ni excusas dilatorias".

El nuevo escrito ha sido presentado después de que la juez se opusiera a la suspensión de las declaraciones de tres empresarios en un nuevo auto en el que también rechazó aplazar las declaraciones de Lozano y Aguilera, por cuanto la instructora reiteró que la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos finalizará "en breve plazo", un anuncio que Alaya ya ha realizado en varias ocasiones en los últimos meses sin llegar a materializarse. Alaya destacó en ese auto la "importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo", aseveraba.

Sin embargo, el abogado José María Mohedano, que representa a los dos ex altos cargos, ha insistido en reclamar la suspensión de las declaraciones.