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Caso de los ERE

Anticorrupción alerta del "crecimiento desmesurado y no justificado" de la causa de los ERE fraudulentos

  • Se opone a un nuevo requerimiento de Alaya de nueva documentación al Parlamento y a la Cámara de Cuentas.

La Fiscalía Anticorrupción ha alertado del monstruo procesal en el que se está convirtiendo el caso de lo ERE fraudulentos. En un escrito presentado ante la juez Alaya alerta expresamente del "crecimiento desmesurado y no justificado" del volumen de la causa, en la que hay ya 199 imputados y más de 80.000 documentos, y considera que las diligencias que se practiquen deben ir destinadas sobre todo a determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de los fondos públicos para que no se dificulte el reintegro de las cantidades.

El escrito en cuestión es un recurso de apelación contra un auto que la juez dictó el pasado 3 de marzo y en el que la instructora admitió la petición de la defensa de un alto cargo de Idea para que se requiriera nueva documentación al Parlamento andaluz y a la Cámara de Cuentas, todo ello con la finalidad, según expuso entonces Alaya, de "mantener el adecuado equilibrio entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de este juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos". 

Anticorrupción no está de acuerdo con este planteamiento porque entiende que las diligencias de instrucción que se acuerdan en la causa "no deben de guardar o ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan y de las personas que hayan podido participar en los mismos salvaguardando en todo momento los principios de contradicción y de igualdad de las partes personadas".

La Fiscalía añade que ante todo se debe evitar "un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen de la presente causa, así como una dispersión de los recursos humanos y materiales de la administración de Justicia que demora aún más la práctica de otras diligencias ya acordadas que permitan determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de fondos públicos que dificulte el reintegro de los mismo por el mero transcurso del tiempo". 

El Ministerio Público precisa asimismo que los plazos de prescripción de la responsabilidad penal vienen dados por "los hechos que se imputan a cada partícipe, no pudiéndose hablar de un plazo de prescripción general para toda la causa y común para todos los imputados".Por todo ello, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla en este recurso de apelación que anule el auto de Alaya por el que requería esta documentación al Parlamento andaluz y la Cámara de Cuentas. 

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