Andalucía

Anticorrupción carga contra Bolaños por usar argumentos "no jurídicos"

  • La Fiscalía "lamenta" que la juez afirmara en un auto que hay imputados que pueden ser "víctimas de la macrocausa" de los ERE y sostiene que ellos no usan "consideraciones sociales"

El ex consejero Manuel Recio, ayer, en los juzgados de Sevilla con su abogado, el ex ministro Antonio Camacho. El ex consejero Manuel Recio, ayer, en los juzgados de Sevilla con su abogado, el ex ministro Antonio Camacho.

El ex consejero Manuel Recio, ayer, en los juzgados de Sevilla con su abogado, el ex ministro Antonio Camacho. / belén vargas

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A la Fiscalía Anticorrupción no le gustan los argumentos que la juez María Núñez Bolaños incluye en los autos de la causa de los ERE, sobre todo aquellos en los que la magistrada acuerda el archivo de la causa contra alguno de los investigados, como ha ocurrido con el caso del ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), donde la instructora no sólo no ha visto delito en cuatro investigado -incluidos dos de los llamados intrusos-, sino que además criticó que se les trate como "delincuentes" cuando a su juicio estas personas pueden ser consideradas "víctimas de una macrocausa".

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que piden que se anule el sobreseimiento provisional acordado por la instructora contra estos cuatro acusados y que se mantenga su condición procesal de investigados.

Lamentan los fiscales que "por ley deben ceñirse a la confrontación jurídica"

Pero lo realmente importante del escrito del Ministerio Público, que tiene fecha del 15 de marzo, es precisamente la forma en la que arremeten los fiscales contra las manifestaciones que la juez incluyó en ese auto de archivo. Los fiscales delegados de Anticorrupción se refieren a estas afirmaciones en el último punto de su escrito, donde "lamentan" la inclusión dentro del auto de la juez María Núñez Bolaños, en concreto en el fundamento del razonamiento jurídico tercero y "por tanto como apoyo argumental" a la decisión de la instructora de acordar el sobreseimiento, de "unas manifestaciones que, por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa".

Los fiscales reflexionan que al tratarse de un auto judicial y del recurso que presenta la Fiscalía, no pueden caer "en la exposición como apoyo de nuestros argumentos de consideraciones sociales, más o menos afortunadas", aseveran.

Los lamentos del Ministerio Público aluden al último fundamento que Bolaños incluyó en el auto dictado el pasado 10 de marzo, en el que redactó el siguiente párrafo: "En la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes podrían ser consideradas víctimas de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona, pero tras la división resulta necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación de cada una de ellas, personas imputadas en la macrocausa inicial", sostuvo Bolaños.

Critican que Bolaños introduzca esos comentarios como base de su argumentación

Las relaciones entre la juez María Núñez Bolaños, que el próximo mes de junio cumplirá su segundo año al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y los fiscales delegados de Anticorrupción han pasado por distintas fases, algunas de ellas con más tensión que otras, aunque se han mantenido dentro unos límites de aparente normalidad, mayor incluso que la que existía con la anterior instructora, Mercedes Alaya, con la que los fiscales protagonizaron en determinados momentos importantes conflictos jurídicos, si bien al final la Fiscalía aceptó en la mayoría de los casos las tesis incriminatorias y acusatorias de Alaya, sobre todo en lo que se refiere a la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, donde esta magistrada planteó la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes han sido finalmente acusados por la Fiscalía Anticorrupción.

Tras el recurso de la Fiscalía, ahora será la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla la que deba de pronunciarse sobre el auto de archivo decretado por María Núñez Bolaños sobre los cuatro acusados del ERE del Hotel Cervantes, entre ellos dos sindicalistas, dos intrusos y contra el que era director del mismo.

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