La Fiscalía Anticorrupción ha alertado del monstruo procesal en el que se está convirtiendo el caso de lo ERE fraudulentos. En un escrito presentado ante la juez Mercedes Alaya el Ministerio Público advierte expresamente del "crecimiento desmesurado y no justificado" del volumen de la causa, en la que hay ya 200 imputados y más de 300.000 documentos, incluidos los numerosos anexos con documentos recabados en el marco de la instrucción. La Fiscalía considera que las diligencias que se practiquen en lo que resta de instrucción deben ir destinadas sobre todo a determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de los fondos públicos para que no se dificulte el reintegro de las cantidades.

El escrito en cuestión es un recurso de apelación que los fiscales delegados de Anticorrupción presentaron en junio pasado contra un auto que la juez dictó el 3 de marzo. En esta resolución, la instructora admitió la petición de la defensa de un alto cargo de la agencia Idea -el organismo que actuaba como pagador de las subvenciones a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo- para que se requiriera nueva documentación al Parlamento andaluz y a la Cámara de Cuentas. La finalidad de la práctica de estas diligencias y de la petición de la documentación, según expuso entonces Alaya, no era otra que la de "mantener el adecuado equilibrio entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de este juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos", apuntó entonces la juez.

Anticorrupción no está de acuerdo con este planteamiento de Alaya porque entiende que las diligencias de instrucción que se acuerdan en la causa "no deben de guardar o ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio, sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan y de las personas que hayan podido participar en los mismos, salvaguardando en todo momento los principios de contradicción y de igualdad de las partes personadas".

La Fiscalía Anticorrupción añade que ante todo se debe evitar "un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen de la presente causa, así como una dispersión de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia que demora aún más la práctica de otras diligencias ya acordadas, que permitan determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de fondos públicos que dificulte el reintegro de los mismo por el mero transcurso del tiempo".

El Ministerio Público precisa asimismo que los plazos de prescripción de la responsabilidad penal vienen dados por "los hechos que se imputan a cada partícipe, no pudiéndose hablar de un plazo de prescripción general para toda la causa y común para todos los imputados".

Por todo ello, los representantes del Ministerio Público han solicitado en el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla que anule el auto de Alaya por el que requería esta documentación al Parlamento andaluz y a la Cámara de Cuentas.