El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha  iniciado los trámites para embargar de forma solidaria una fianza civil de 8.783.898,15 euros a seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, en relación con las ayudas que por importe de casi 22 millones recibió de la Junta para realizar cuatro ERE en empresas del grupo. El juzgado también ha concedido el mismo plazo al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet para que designe bienes para garantizar la fianza de 1.650.000 euros que le impuso la magistrada tras su imputación en el escándalo de los ERE.

La secretaria judicial de refuerzo del juzgado ha dictado una diligencia en la que concede un plazo de diez días a seis hijos del empresario -Pablo, Francisco Javier, Zoilo, Álvaro, José María y Alfonso- para que a través de su representación procesal “designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo” por la cantidad mencionada, “con expresión en su caso de las cargas y gravámenes” y en el caso de los inmuebles si están ocupados “por qué personas y con qué titulo”.  En la resolución, la secretaria informa de que una vez transcurrido ese plazo se procederá a la “búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo”. En una segunda diligencia, la secretaria adopta la misma decisión con respecto a Fernando Mellet.

La juez Alaya aseguró en su día que la familia Ruiz-Mateos pagó comisiones de 600.000 euros al conseguidor Juan Lanzas y una dádiva de casi 7.000 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.

La instructora relató que José María Ruiz-Mateos –que también está imputado pero no ha declarado aún por motivos de salud- y seis hijos suyos que dirigían las distintas empresas del grupo se plantearon desde el momento en que adquirieron en 2003 el hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) la posibilidad de solicitar un ERE para "abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".

De esta forma, contactaron con el entonces secretario general de la Federación de Alimentación y Tabaco de UGT-A, Juan Lanzas, quien se comprometió a conseguirles la financiación para el ERE para esta empresa y otras de Nueva Rumasa "mediante el uso de sus influencias y a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido".

Alaya precisa que además del ERE del hotel Cervantes (Europa Center), también se financiaron las prejubilaciones de las empresas Dhul y del complejo bodeguero Bellavista –en el que la Junta financió dos expedientes de regulación de empleo- y de la empresa Zoilo Ruiz Mateos (antigua Sandeman). "Todos los pagos a Juan Lanzas fueron efectuados en B, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", precisa la instructora.

En total, la Junta abonó 21.987.245,38 euros por los cuatro ERE, de los cuales 10,5 millones fueron para la comercial Dhul, 6,4 millones al hotel Cervantes, 3,8 millones al complejo bodeguero Bellavista y 1,1 millones a la entidad Zoilo Ruiz-Mateos.

Dice Alaya que los hermanos Ruiz-Mateos fueron "conocedores y partícipes" de la inclusión de dos intrusos en el ERE del Hotel Cervantes, dos antiguos trabajadores de otras empresas del grupo Nueva Rumasa, y sobre Dhul asegura que la ayuda sociolaboral otorgada para 77 trabajadores "en realidad se trataría de una ayuda a empresa para llevar a cabo varios proyectos de inversión que revirtieron en beneficio de la misma y que ya venían acordados antes de la solicitud".

En este ERE fueron incluidos como intrusos los cuñados de Lanzas, Ángeles Sierra García y su marido Carmelo Cruz Porcel, además de otros tres intrusos: José Egea Parra, Miguel Espínola Palma y Fernanda García Vílches.

Alaya precisa en el auto que no sólo se pagaron comisiones al conseguidor de los ERE, sino que con motivo de las ayudas a Dhul se abonaron "a modo de dádiva o recompensa" para el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "por favorecer a la empresa" la cantidad de 6.960 euros, a través de una factura falsa pagada a la empresa Lógica Estrategia Empresarial, de la que era titular Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero.

En el caso del ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, la juez explicó que este imputado fue quien solicitó el 3 de octubre de 2003 el ERE que afectaría a 74 trabajadores de los 184 fijos, aludiendo a "cusas organizativas y económicas", pero advierte de que no se formalizó solicitud de subvención alguna,  "debido a las buenas relaciones" que a través de Lanzas mantenía con el entonces delegado de Empleo, Antonio Rivas, y con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En este ERE, en el que la Junta se comprometió a pagar 5.629.835,94 euros, y Mercasevilla 601.012 euros fueron incluidos de manera irregular tres trabajadores (José D. M., Joaquín G. M., y Pedro V. M.), quienes no reunían el requisito de tener una edad comprendida entre los 50 y 64 años.

Tras el "éxito de este primer expediente", prosiguió Alaya, Fernando Mellet, en "connivencia con Juan Lanzas", remitió en 2005 una nueva solicitud de ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores de un total de 175 fijos y 35 temporales, fundando su solicitud en “idénticos motivos al ERE de 2003", siendo igualmente autorizado por Antonio Rivas y en la póliza se contiene una "expresa mención a que la Junta" abonaría la mayor parte de las primas y además se incluyó como intruso a Antonio Garrido Santoyo -a quien también se impuso una fianza de 12.359,20 euros que ahora se le reclama-, que fue secretario de administración de UGT en Sevilla y ex secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén), y el propio Lanzas intentó incluirse en la póliza, "como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación".

Alaya sostiene que Lanzas percibió un total de 492.655,02 euros en comisiones de Mercasevilla, una cantidad que cobró a través de las facturas presentadas por el testaferro Juan Francisco Algarín Lamela y de la empresa Maginae Solutions, de su cuñado Ismael Sierra.

La instructora llega a hablar que de que entre Lanzas y Fernando Mellet existía un “continuo flujo de intercambio de favores", en el que entraría que el ex director de Mercasevilla consiguiera que una empresa del grupo de Lanzas –Al Andalus Mass Media Channel- contratara al ex concejal del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, que fue cesado tras su implicación en el escándalo de las facturas falsas del distrito Macarena, aunque la causa se archivó contra él. "La intermediación de Mellet para la contratación de García por la realización de unos trabajos no acreditados –que consistían en visitar distintos mercados de Sevilla y Málaga y ofrecerles la gestión por parte de Mercasevilla-, pero sí abonados, presuntamente servirían para conseguir la cotización a la Seguridad social necesaria para poder acceder a las prestaciones públicas que pudieran corresponderle, siendo finalmente nombrado director de Consumo del Ayuntamiento", añadía Alaya.