Primera jornada de la operación Enredadera y Alaya envía a prisión a uno de los imputados. La juez Mercedes Alaya decidió a última hora de este martes encarcelar al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, al no poder satisfacer la fianza de 180.000 euros que le impuso la magistrada para eludir la prisión, tal y como había solicitado la Fiscalía de Sevilla. 

Juan Andrés Bruguera es uno de los siete imputados en las dos fases anteriores de la operación Madeja a los que Alaya citó este martes para ampliarles la imputación. La instructora imputó un total de cinco delitos a Bruguera: cohecho prevaricación -en su condición de extraneus-, falsedad documental, tráfico de influencias y asociación ilícita. 

La juez mantuvo su decisión de dejar en libertad a los otros seis imputados que proceden de otras fases anteriores de la investigación y a los que no obstante la Fiscalía de Sevilla ha reclamado fianzas de responsabilidad civil -distintas a la fianza personal impuesta a Bruguera- que ascienden a 4,4 millones de euros. Estas fianzas, a diferencia de la impuesta al director comercial de Fitonovo, están dirigidas a tratar de garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la imputación en la causa, según confirmaron fuentes del caso. 

El director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP) fue uno de los imputados que quedó en libertad provisional tras haber comparecido en calidad de imputado ante la juez Alaya, y una vez que la Fiscalía de Sevilla le solicitó una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros. 

La juez Alaya imputó delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros, a Joaquín Peña, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar porque no había podido leer la imputación formal realizada por la instructora. 

Además, la Fiscalía de Sevilla solicitó fianzas civiles a dos empresarios de Fitonovo y al administrador de Fiverde, que volvieron a comparecer ante la instructora para ampliarles la imputación que en su día se le hizo en la operación Madeja y que igualmente quedaron en libertad provisional pero con cargos.

La Fiscalía pidió en concreto dos millones de euros de fianza civil para el empresario de Fitonovo -la empresa que recibió muchos contratos municipales de Parques y Jardines- Rafael González Palomo; un millón para su hijo, José Antonio González Baró, y medio millón para el tercer imputado relacionado con este grupo empresarial, el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo Gajete. 

Otro de los imputados que compareció este martes por la tarde ante la magistrada fue el ex jefe de servicio de la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, a quien el fiscal del caso reclamó una fianza civil por importe de otros 400.000 euros. El último imputado en comparecer anoche ante la magistrada fue el responsable de conservación del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas, a quien el fiscal pidió una fianza civil de 300.000 euros. 

Los seis quedaron en libertad provisional después de acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada, que este martes impulsó la tercera fase de la operación Madeja, denominada "Enredadera" por la Guardia Civil. 

La instructora tardó aproximadamente una hora en leer a los tres primeros imputados -los relacionados con Fitonovo- los 20 folios de que consta las nuevas imputaciones, que concretan algunos de los cargos que se formularon contra estos imputados en su primera comparecencia, según apuntaron fuentes del caso. 

En la nueva imputación leída por Alaya a algunos de los imputados que ya han comparecido ante la juez se pone de manifiesto que se habrían realizado "facturaciones mayores" del coste de la obra y también que los funcionarios públicos habrían "asesorado" a las empresas en la forma de presentar la ofertas para lograr la adjudicación de los contratos. Uno de los imputados relacionados con Adif habría conseguido más de un millón de euros en presuntas comisiones.