Del "clientelismo" del PSOE y de la Junta en la concesión de las ayudas a un "verdadero negocio" con los ERE. De esta forma tan gráfica define la juez Alaya la nueva operación policial que ha revelado el desvío de más de 50 millones de fondos públicos en "sobrecomisiones" vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta. Para la juez, que lleva dos años investigando  las irregularidades en torno a las ayudas públicas, la investigación se encuentra en estos momentos en un "escenario nuevo", porque hasta ahora había detectado el "otorgamiento arbitrario de ayudas públicas" por parte de la Consejería de Empleo, con un "supuesto desinterés por los principios de objetividad, igualdad y no discriminación y por el cumplimiento del procedimiento legalmente exigible". En el auto que ha acordado el ingreso en prisión del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, la instructora añade que esas ayudas se otorgaban "escandalosamente a personas que no tenían derecho a ellas, creándose así una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta". Sin embargo, la juez advierte que la operación ahora en marcha representa un cambio radical, al tratarse de un "sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio", un negocio que se "incrementa mientras más ayudas se otorguen, aunque no exista partida presupuestaria para ello" y en el que intervienen múltiples actores: la Consejería de Empleo, la consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitan los procesos de reestructuración empresarial.

Alaya tiene claro que "la clave" de este proceso son las sobrecomisiones que, en muchos casos millonarias, fijan las consultoras -superan en un 15% a las del mercado- y de las que se "surten cada interviniente".

La magistrada añade que las sobrecomisiones han dejado de ser "algo que pasara desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba muchos", para ser el "verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre, no sólo la mediadora, sino presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables", que para Alaya son la "autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de fondos de la Administración, y los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

El procedimiento a emplear, la "receta" según Alaya, pasaría siempre por un mismo modelo que incluye el ERE, las asociaciones de ex trabajadores y pólizas de rentas colectivas financiadas en todo o parte por la Junta, lo que lleva a la instructora a determinar que existe un delito de asociación ilícita.

Para la instructora, la investigación del "negocio" de los ERE irá creciendo con el examen de datos objetivos, lo que puede generar "la implicación de más responsables".

La juez señala a Francisco Javier Guerrero como uno de los beneficiarios de esta trama, que habría recibido "dádivas o presentes" a cambio los cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras y que habría recibido parte de las sobrecomisiones "en sobres con dinero" que su chófer recogía en Madrid de manos del director de Vitalia, Antonio José Albarracín.

Alaya describe en el auto que el ex sindicalista Juan Lanzas también "premió" la colaboración de Guerrero en la trama organizada para apropiarse de dinero público "con viajes y estancias en hoteles", y cita expresamente un encuentro de ambos, con sus respectivas esposas, en un hotel de Mojácar (Almería) en agosto de 2006; otro a Shangai (China) en diciembre del mismo año; y un tercero a Egipto, en marzo de 2007. Junto a ello, la juez recuerda que "otro favor" que en este caso habrían tenido con el ex alto cargo Albarracín y Lanzas fue la inclusión de la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro en el expediente de SOS Cuétara -por el que se pagaron 198.876 euros- o la póliza individual de Fortia de la madre de su chófer -122.649 euros-, que según Alaya se habría suscrito "en un momento en el que supuestamente Guerrero y su chófer necesitaban dinero para sus adicciones".

Al cierre de esta edición, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión de Antonio José Albarracín, director de Vitalia en la época investigada, tras haber prestado declaración durante siete horas. Por otra parte, el subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, quedó en libertad anoche a pesar de que se acogió a su derecho de no declarar. Y la juez  también tenía previsto tomar  declaración al ex sindicalista Juan Lanzas.

La Guardia Civil dejó ayer en libertad a otros tres implicados en esta investigación, vinculados al bufete Estudios Jurídicos Villasís, una decisión que se produjo después de que se apuntara que algunos imputados podrían solicitar un habeas corpus para su inmediata puesta a disposición judicial al entender que "se habrían sobrepasado los límites de la detención".