La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de implicados en el sumario, sin contar los nueve aforados sobre cuya imputación debe decidir el Tribunal Supremo. Entre los nuevos imputados figuran Agustín García Gila, presidente de FCC Medio Ambiente, y Salvador Tudela Edo, director general de Recursos Humanos de Cespa. Según Alaya, ambos serían "participes en las negociaciones" que como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la Limpieza en Granada, culminaron con el Convenio Colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006, que llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello", remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas. Ambos directivos, continúa Alaya, conocerían "indiciariamente la inclusión en una de las pólizas y en las ampliaciones de varios intrusos vinculadas a Guerrero.

Alaya también ha imputado a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007, a Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada. La sexta imputada es Rosario González Agulló, trabajadora de la consultora Vitalia.